Tariquía: “Nos procesan por defender el agua, la vida y el territorio”

7 de mayo de 2026

«Estamos viviendo momentos muy duros»

Con esa afirmación arrancó Paola Gareca, ex ejecutiva de la Asociación de Defensores de San Juan y habitante del Cantón Tariquía, junto a ella, lxs dirigentes del Cantón Chiquiacá, pusieron sobre la mesa las demandas de la comunidad: la anulación de los contratos de exploración, la salida de las transnacionales y el fin de la criminalización contra quienes defienden la vida.

Por la anulación de contratos de explotación: “40 años de destrucción van a desaparecer toda la reserva”

El mecanismo legal que abrió la puerta durante el ciclo de Evo Morales modificó el plan de manejo de manera que benefició a la empresa transnacional Petrobrás, desde entonces se abrió el espacio para que las petroleras ingresen a la zona núcleo. Paola Gareca, ex ejecutiva de la Asociación de Defensores de San Juan, fue tajante en su declaración:

Lo que nosotros pedimos es que se anulen esos contratos de exploración en territorio. El contrato que tienen las transnacionales es para 40 años. 40 años de destrucción van a desaparecer toda la reserva. Ahorita ya está amenazada más del 50%.

Por su parte, Ariel Romero, comunario de la reserva, agregó los datos técnicos que desmienten la propaganda oficial sobre los contratos:

El gobierno miente cuando dice que solo afectará al 2,13% del territorio. Eso es apenas la punta de entrada del bloque San Telmo Norte. Una vez que ingresen, bajarán hasta otros bloques. Más del 50% de la reserva será afectada.

Contra la intervención del Estado y de sus transnacionales

La segunda demanda del foro fue clara sobre las empresas petroleras y el Estado como el principal actor que allana el camino a la explotación. Margarita, dirigenta del cantón Chiquiacá, graficó la experiencia de las petroleras en el Chaco:

Allá entraron las petroleras hace más de 50 años. Les hablaron bonito de desarrollo, pero ahora sus aguas están contaminadas, los niños nacen con cáncer, la gente emigra. Nosotros no queremos eso. Por eso decimos: fuera las empresas.

Así también, Juanita Martina Mercado denunció la complicidad gubernamental, señalando que ya han recurrido a instancias internacionales porque el Estado boliviano ignora abiertamente el problema:

Las autoridades —alcaldes, gobernador, presidente— no nos están dando el apoyo. El presidente nos da la espalda. Quiere que sí o sí se desarrolle Petrobras en Tariquía. No lo vamos a permitir.

Basta de criminalización de lxs defensores

La defensa de Tariquía ha implicado la judicialización de la lucha y el procesamiento penal de lxs defensores. Paola Gareca explicó:

Nosotros nos encontramos con procesos penales. ¿Cómo nos pueden procesar injustamente? No estamos robando, no estamos matando a nadie. Solamente defendiendo nuestro territorio, defendiendo el agua.

Ariel Romero fue aún más directo:

El que le habla es un criminal, la compañera es una criminal. Por defender nuestros derechos, por defender las decisiones orgánicas de las 23 comunidades, se nos acusa. Vivimos en un país donde defender la vida es tomado como delito. Pero aquellos que se llevan la plata del Estado, esos gozan.

“No les pedimos dinero, les pedimos luchar y movilizarse”

El llamado a una solidaridad activa es importante para el 7 de mayo, fecha en que el juzgado de Entre Ríos definirá la sentencia de lxs defensores de Tariquía.

En diálogo con La Izquierda Diario, Juanita Martina Mercado mandó un mensaje directo a la población:

Les pedimos que nos apoyen. No pedimos dinero. Pedimos que hagan marchas, que luchen, que difundan por redes sociales. Para eso hemos venido, para hacer conocer que mujeres y hombres estamos viniendo a pedir solidaridad.

Tariquía no se vende, se defiende. El agua y la tierra están primero que los contratos de las transnacionales

Datos técnicos importantes: Lo que está en juego en Tariquía

Ariel Romero, comunario de la reserva, aportó cifras y denuncias concretas que revelan la magnitud del plan extractivista:

Superficie y creación: Tariquía tiene 246.000 hectáreas y fue creada el 1 de agosto de 1989 para proteger la hidrografía del departamento de Tarija, los últimos bosques tucumanos bolivianos y una flora y fauna única con especies endémicas y en peligro de extinción (jaguar, paraba militar, tapir, oso hormiguero).

Función vital: La reserva regula el agua del río Tarija, el más grande del departamento. Además, purifica el aire de la región vitivinícola. “Gracias a Tariquía llueve en Tarija”, explicó Romero.

El plan de manejo trucho de 2015: Denunció que durante el gobierno de Evo Morales se modificó “de manera mañosa y tramposa, en cuatro paredes, sin las comunidades”, el plan de manejo. Ese cambio permitió que la zona núcleo (antes intocable) se abra a las petroleras.

La mentira del 2,13%: “El gobierno dice que solo afectará el 2,13% (213 hectáreas). Eso es apenas la punta de entrada del bloque San Telmo Norte. Pero una vez que ingresen, bajarán hasta otros bloques. Más del 50% de la reserva será afectada”, advirtió.

Peligro inminente: El pozo Domo X3 está en la cabecera de aguas nacientes. “Si hay un derrame, el petróleo bajará al río Chiquiacá y de ahí al río Tilarina. 10 comunidades del cantón Chiquiacá serán afectadas directamente.”

Licencia ambiental trucha: El Estado categorizó el proyecto como Categoría 3 (supuesto bajo impacto), cuando por la biodiversidad existente debió ser Categoría 1 (que exige estudios profundos). “Se saltaron la ley”, denunció.

Pausa ambiental insuficiente: Si bien una medida frenó temporalmente el ingreso por San Telmo Norte, San Telmo Sur sigue operando. “No hay anulación de contratos ni de decretos. Eso no es seguridad”, sentenció.

Desde La Izquierda Diario Bolivia decimos: la defensa de Tariquía no es una lucha lejana ni ajena. Es la lucha de clase contra el extractivismo que enriquece a las transnacionales y a las burocracias estatales mientras condena a las comunidades campesinas a la contaminación, la criminalización y el despojo.

Por eso nuestra solidaridad es militante, activa y sin condiciones: con las mujeres y hombres que resisten en la reserva, con los procesados por defender el agua y la tierra.

Esta pelea no puede quedar aislada. Tariquía, la Marcha Indígena Campesina, cada territorio amenazado por empresas petroleras, la minería o las represas y la agroindustria necesitamos articularnos en un pliego nacional unitario: anulación de contratos extractivistas, la abrogación de la ley 1720, el freno a la judicialización de la protesta social. Las organizaciones de trabajadorxs, indígenas, campesinas, feministas, ecologistas y la juventud tenemos la tarea de construir esa plataforma de lucha común, donde ninguna demanda quede sola.

Y en ese camino, reivindicamos con claridad la histórica lucha de las comunidades por la tierra y el territorio. Sin tierra no hay vida. Sin territorio no hay soberanía alimentaria. Sin organización desde abajo y sin defensa comunal del agua y los bosques no hay futuro para los pueblos.

La audiencia del 7 de mayo en Entre Ríos es el próximo campo de batalla. Acompañemos. Difundamos. Movilicémonos.

¡La lucha por la tierra es la lucha contra el capital! 

Artículo publicado originalmente el 3/5/26