Sobre el informe «artículo IV del FMI»
La crisis económica boliviana no se resuelve con ajustes ortodoxos ni devaluaciones abruptas: advertimos los riesgos sociales, productivos y de soberanía.
20 de junio de 2025
La Red de Economía Política, manifiesta su profunda preocupación y rechazo por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) formuladas en su informe Artículo IV de 2025. Si bien el diagnóstico sobre las restricciones externas y fiscales que enfrenta Bolivia es conocido, consideramos inaceptable que se proponga una receta de ajuste ortodoxo, devaluación abrupta y apertura irrestricta de sectores estratégicos al capital transnacional. Bolivia conoce a lo largo de su historia pasada, esas recetas y las consecuencias calamitosas de las mismos durante los gobiernos neoliberales.
Desde nuestra perspectiva, sustentada en aportes de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) y enfoques heterodoxos estructuralistas -como los planteados por la CEPAL- advertimos que:
- El déficit fiscal no es una amenaza en sí mismo, sino un instrumento legítimo y necesario en economías con capacidad ociosa y bajo crecimiento.
- La inflación en Bolivia no se origina fundamentalmente en la emisión monetaria ni en el déficit fiscal, sino en restricciones productivas estructurales, mercados oligopólicos, dependencia importadora y choques externos.
El propio informe del FMI reconoce los costos sociales y riesgos de recesión y conflictividad que generaría su paquete de medidas, sin embargo, insiste en recomendarlo bajo una lógica de “necesidad macroeconómica”, que tendrá como efecto, una mayor desigualdad económica y mayor precarización de la economía popular, que la actual.
Advertimos entonces, los siguientes peligros concretos:
- Una devaluación inicial del 35%, como sugiere el FMI, trasladaría directamente sus efectos a los precios de alimentos, combustibles y bienes importados.
- La reducción de inversión pública y subsidios sin una transición productiva ordenada, profundizará la recesión y la desocupación.
- La apertura del sector litio, hidrocarburos y fideicomisos públicos a lógicas mercantiles, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos e hipoteca el futuro del país y su soberanía.
- El desplazamiento del debate hacia la obsesión fiscalista, posterga la discusión de fondo sobre la diversificación productiva y la democratización del mercado interno.
Proponemos en contrapartida, un enfoque alternativo y soberano:
- Utilizar estratégicamente el déficit público para reactivar sectores productivos.
- Reformar el sistema tributario con énfasis en grandes patrimonios.
- Control del Comercio Exterior (control de divisas)
- Control de la producción y comercialización del oro.
- Reducción drástica de la importación de bienes de lujo
- Reducción suspensión gradual y diferenciada de la subvención a los hidrocarburos.
- Eliminar subsidios a la agroindustria, minería mediana, grandes empresas.
- Eliminar la libre exportación de alimentos de primera necesidad.
- Combatir prácticas oligopólicas.
- Sustituir importaciones críticas mediante incentivos a la producción nacional.
- Reactivación de la producción de energías renovables.
- Revisar la gobernanza del Banco Central.
- Control a la banca privada con regulaciones más estrictas sobre el uso de divisas en su beneficio y en desmedro de los ahorristas, sobre todo pequeños.
- Entablar diálogo abierto y sincero con el pueblo que se encuentra movilizado
- Condenar el uso de la fuerza en contra del pueblo que ejerce su derecho a la protesta
La economía boliviana no puede ni debe ser gobernada bajo paradigmas ortodoxos ajenos a su realidad estructural y social. Por tanto, advertimos que seguir diseñando políticas públicas bajo diagnósticos errados lleva a soluciones equivocadas, tal como nos la muestra la historia económica reciente del país bajo el neoliberalismo.
Desde la Red, convocamos a los movimientos sociales, la academia y el conjunto de la sociedad civil a abrir un debate nacional sobre el modelo económico, sus prioridades y las alternativas soberanas viables para Bolivia.
La crisis no la debe pagar el pueblo.
Democracia sí, pero democracia económica también.
Por Red de Economía Política



