Primero vinieron por los chavistas….

27 de octubre de 2025

El regreso de la “diplomacia de las cañoneras” de Donald Trump vuelve a practicar la vetusta política de “América para los “americanos”, tan pregonada en los finales del siglo XIX y casi todo el XX. La palestinización, e iranización, de los venezolanos, y los chavistas, toma forma tanto en lo militar con decenas de buques de guerra en las puertas de la República Bolivariana, como en lo legal a través de una serie de ordenes ejecutivas que clasifican como “narcoterrorista” a todo sospechoso de pertenecer al Cartel de los Soles o al Tren de Aragua.

La palestinización porque cuando esa etiqueta es designada a una persona, de inmediato, ese sujeto es vaciado de derechos, como a la inocencia, un juicio justo, y cualquier atisbo de humanidad. De ejemplo están los pescadores de Trinidad y Tobago y Colombia ejecutados en alta mar por llevar, se supone, enormes alijos de drogas solo vistos por el espíritu santo, o los venezolanos deportados a la cárcel de máxima seguridad del Cecot en El Salvador, acusados de ser miembros de El Tren de Aragua por tener un par de tatuajes, o haberle caído mal a algún agente de servicio de migración estadounidense. Son los casos más extremos de una base legal que criminaliza, primero, el gentilicio venezolano y después el latinoamericano, y caribeño, tan solo por la sospecha de pertenecer a una etiqueta designada de forma arbitraria por un tribunal invisible y a distancia.

Para Stephen Miller, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, los ataques militares estadounidenses contribuyen a expandir el “poder del presidente estadounidense” al mismo tiempo que para la arena interna se propaga una narrativa que califica a los inmigrantes venezolanos, y los líderes latinoamericanos antagónicos, como “enemigos extranjeros”

Palestina está separada de América Latina por varios mares y un océano, pero unida en una misma metódica de poder fascista que convierte la vida, y el alma, de millones en una baratija noticiosa que se extingue con cada bombardeo, cada detención en condiciones infrahumanas, cada ejecución extrajudicial.

El pretexto legal, sostenido por la Administración Trump, es que los asesinados pertenecen a organizaciones terroristas trasnacionales que invaden con drogas, e inmigrantes, Estados Unidos, lo que pone en riesgo la vida de millones estadounidenses. De forma paradójica, uno de los principales promotores de esta tesis es Joseph Humire, subsecretario de Defensa para América Latina, hijo de padres bolivianos que migraron a Estados Unidos, lo que hace vigente la eterna frase del escritor argentino Arturo Jauretche; “si es malo el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”. La invasión silenciosa de Estados Unidos es recreada como un mito viviente, armado con pegamento de escuela , para construir el causis belis (militar, civil y moral) que pone andar la maquinaría de guerra.

Después está la iranización que convierte en un criminal trasnacional a todo aquel que sea vinculado con las etiquetas creadas por el despliegue estadounidense. Líder narcoterrorista, por ejemplo, es Gustavo Petro por criticar a Trump por asesinar pescadores, o presuntos narcos, sin juicio previo, ni presentar pruebas, o negarse a que Colombia sea parte del despliegue para derrocar a Maduro o iniciar una guerra en Venezuela. Esta iranización, incluso, funciona como una maquina del tiempo al calificar episodios pasados como evidencia de que otros políticos latinoamericanos pertenecen a la red del Cartel de Los Soles o el Tren de Aragua. Es lo que le pasó al excanciller argentino, Jorge Taiana, candidato del peronismo en provincia de Buenos Aires, cuando el partido de Javier Milei lanzó una campaña para asociarlo con la banda “narcoterrorista” de Hugo Chávez, en base a las declaraciones falsas de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano, y fotos de reuniones de finales de la década del 2013 con Nicolás Maduro.

El despliegue militar, político y mediático recrea viejas tácticas del pasado de formatos intervencionistas, como el de la “lucha contra la corrupción” o lawfare. Es posible que los memoriosos recuerden como el expediente judicial de Odebrecht, en el que empleados de la constructora revelaron esquemas de sobornos, sirvió para que fiscales, jueces y periodistas, alineados con el Departamento de Justicia, persiguieran políticos de todos los pelajes, la mayoría progresistas. El caso comenzó en Brasil contra el Partido de los Trabajadores y Lula da Silva con la corrupción en la estatal Petrobras, pero después se regó por todo el continente con el juez Sergio Moro, formado por autoridades estadounidenses, como el mayor ejemplo a seguir por otros funcionarios judiciales. El lawfare tuvo su centro de gravedad en un expediente gaseoso, y líquido, que podía esparcirse por todo el sistema político latinoamericano, sin fronteras, de una forma arbitraria.

La diferencia con aquel momento es que este método, de etiquetar a todo adversario como un “narcoterrorista”, ya no solo implica un tratamiento de reo judicial, con violación permanente de las garantías procesales, manipulación de testigos y pruebas, sino que se puede pasar de la muerte civil a la física en un chasquidos de dedos. Para Stephen Miller, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, los ataques militares estadounidenses contribuyen a expandir el “poder del presidente estadounidense” al mismo tiempo que para la arena interna se propaga una narrativa que califica a los inmigrantes venezolanos, y los líderes latinoamericanos antagónicos, como “enemigos extranjeros”. Toda política externa estadounidense es en sí misma una exportación de un tema interno; por eso, para un exfuncionario trumpista, entrevistado por The New Yorker: “esto se siente como la militarización de la política interna. ¿Cómo se mantiene uno en el poder? Se crea un ‘otro’. Se dice que estamos bajo ataque. Se crea un casus belli. Se culpa al otro de todo. Esto ocurre mientras se despliega la Guardia Nacional en las ciudades. Se está acostumbrando a la gente a este tipo de acciones. Esto está ampliando la definición del uso de la fuerza”.

El pretexto legal, sostenido por la Administración Trump, es que los asesinados pertenecen a organizaciones terroristas trasnacionales que invaden con drogas, e inmigrantes, Estados Unidos, lo que pone en riesgo la vida de millones estadounidenses.

Es posible que la mayoría de los liderazgos latinoamericanos consideren que este despliegue militar trumpista es solo un asunto para sacar al “problemático” Nicolás Maduro y al movimiento chavista. Y que no es con ellos. Pero todo indica que lo que sucede en Venezuela es el piso para un nuevo formato estadounidense intervencionista, donde la etiqueta “narcoterrorista”, acompañada de antiguas fotos de líderes progresista con Hugo Chávez o Nicolás Maduro, puede servir para aplicar coerción militar, judicial, mediática y financiera, si el presidente, o político de ocasión no hace lo que Washington desea. De hecho, la amenaza de sanciones estadounidenses se cierne sobre la figura de Gustavo Petro por sus críticas a las ejecuciones extrajudiciales trumpistas en El Caribe.

Por eso, si uno parafrasea el viejo poema del pastor luterano Martin Niemöller, primero vinieron por los chavistas y guardé silencio, después…