8 de abril de 2026
Roberto A. Barriga
Pese a las múltiples advertencias de organizaciones sociales y expertos, que durante meses alertaron sobre sus peligros, el presidente Rodrigo Paz promulgó en Agropecruz la ley 157que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agrícola a mediana. Presentada como una herramienta para el “desarrollo productivo”, la norma es en realidad un mecanismo que, según análisis de la Fundación TIERRA, legaliza el despojo del campesinado, amenaza la soberanía alimentaria y consolida la concentración de tierras en manos del agronegocio.
El discurso oficial vs. la trampa oculta
Durante la inauguración de Agropecruz 2026, el presidente Paz defendió la ley como una medida “voluntaria” para que los pequeños productores puedan acceder a créditos usando su tierra como garantía. “Esta norma permitirá que pequeños productores puedan depender de sus propias capacidades para producir”, afirmó.
Sin embargo, esta narrativa seductora esconde una trampa para el campesinado, tal como se venía advirtiendo. La ley elimina las protecciones constitucionales que hacen de la pequeña propiedad un patrimonio inembargable e indivisible. Al convertirse en “propiedad mediana”, la tierra se transforma en una mercancía:
- El mecanismo del despojo: El pequeño productor, tentado a hipotecar su tierra para obtener un crédito, queda a merced del mercado. Ante una mala cosecha o una crisis económica, el banco ejecutará el embargo. ¿Quién comprará esa tierra en el remate? Los grandes empresarios del agronegocio, que podrán así expandir sus dominios sobre tierras que antes estaban protegidas.
El falso beneficio de la ley 157 : las “12 trampas” que la ley esconde
La Fundación TIERRA, en un exhaustivo análisis previo a la aprobación, desmanteló los argumentos del gobierno, revelando que la ley no es lo que parece. La promesa de beneficiar al 90% de los productores es falsa:
- La mayoría queda fuera: El 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas. Por su bajo valor, estas parcelas no son atractivas como garantía hipotecaria, por lo que la ley no les servirá.
- Beneficia al que hizo trampa: La norma está diseñada para “blanquear” a quienes, durante el saneamiento, titularon fraudulentamente grandes extensiones como “pequeña propiedad ganadera” para evadir controles. Solo en Santa Cruz, 1,7 millones de hectáreas en esta situación podrán ser legalizadas.
- Un “perdonazo” para la especulación: La ley otorga una pausa de 10 años en la fiscalización de la Función Económica-Social (FES) a las tierras convertidas. Esto incentiva la especulación, la deforestación y los incendios como método para “limpiar” terrenos y demostrar una falsa productividad sin control estatal.
El fin de la soberanía alimentaria y los verdaderos ganadores
El impacto más devastador de esta ley será la “extinción del campesino” y, con ello, una amenaza directa a la seguridad alimentaria del país. Actualmente, la agricultura familiar provee el 98,5% del volumen de la canasta básica, mientras que el agronegocio apenas contribuye con el 12,4%. Esta ley amenaza con invertir esa ecuación, reemplazando la producción diversa y local por monocultivos de exportación.
Los verdaderos beneficiarios de este modelo, que se advertían desde el inicio del debate, son claros:
- El agronegocio: Familias como los Marinkovic, el clan Monasterio Nieme o el grupo Kuljis, a quienes hoy les es difícil expandirse sobre tierras protegidas, podrán absorberlas legalmente a través del mercado financiero.
- El sector bancario: Podrá ampliar su cartera de negocios utilizando la tierra rural, antes protegida, como garantía real para préstamos de alto riesgo.
Irónicamente, este proyecto de ley fue presentado originalmente por una legisladora del ala “arcista” del MAS, Verónica Challco, y defendido con los mismos argumentos liberales. Esto demuestra que la presión del agronegocio trasciende los partidos y las gestiones, consolidando un modelo que, como se alertó, pone en jaque el futuro del campo boliviano.
