8 de octubre de 2026
Por qué la supresión ministerial de la cultura en Bolivia exige repensar la «Economía Naranja» desde la raíz.
La eliminación de la cartera de Culturas bajo una lógica de achique tecnocrático refleja el peligro de asumir la actividad simbólica como un gasto prescindible. Frente a la mercantilización acelerada, urge un análisis crítico que devuelva a la cultura su dimensión de tejido social, memoria colectiva y derecho fundamental.
I. La paradoja de un país hecho de símbolos
En una nación atravesada por una densidad histórica y una diversidad plurinacional insondable como Bolivia, la reestructuración del Ejecutivo que decretó la supresión definitiva de la cartera de Culturas —dejándola fuera del gabinete y diluyendo su rastro institucional— no representa una simple anécdota contable. Presentada bajo el ropaje de la «austeridad y la eficiencia estatal», esta medida encierra una profunda y peligrosa miopía política.
La paradoja estalla a la vista: un país cuya riqueza más genuina reside en sus saberes comunitarios, sus expresiones artísticas, sus músicas, su patrimonio y sus identidades hibridadas, decide de pronto despojar al sector cultural de rango ministerial. Bajo la premisa de recortar «gastos superfluos» en momentos de crisis económica, se asume implícitamente que la cultura es un lujo decorativo, un accesorio del cual se puede prescindir cuando los presupuestos aprietan. Este es, precisamente, el error conceptual que resulta urgente desmontar.
II. El mito del tecnocratismo y la trampa de la «Economía Naranja»
Durante la última década, los gobiernos de la región y las agencias internacionales de desarrollo popularizaron el concepto de la «Economía Naranja» bajo una promesa casi mágica: convertir la creatividad en el «nuevo petróleo», un motor rápido de generación de divisas y empleo a través de industrias creativas desreguladas. Sin embargo, esta visión tecnocrática padece de un grave vicio economicista. Al reducir la cultura a un mero commodity o activo financiero transable, olvida las condiciones estructurales que la hacen posible.
«Cuando las administraciones estatales conciben la cultura exclusivamente desde la rentabilidad de mercado, lo primero que se recorta ante una crisis es aquello que no produce rédito inmediato.»
Como advierten los estudios culturales —siguiendo la línea analítica de teóricos como Pierre Bourdieu o George Yúdice—, cuando las administraciones públicas conciben la cultura exclusivamente desde la rentabilidad de mercado, cometen un fallo sistémico. En cuanto los presupuestos flaquean o las crisis macroeconómicas apremian, lo primero que se sacrifica es aquello que no demuestra una ganancia financiera inmediata.
Despojar a la cultura de su institucionalidad pública demuestra una incapacidad alarmante para comprender que el capital simbólico es el cimiento invisible sobre el cual se edifica cualquier economía verdaderamente sostenible, democrática y soberana.
III. Más allá del mercado: mediaciones, derechos y memoria
La supresión de un ministerio no borra la creatividad de un pueblo, pero sí desampara a sus creadores independientes, debilita las redes de gestión comunitaria y fragmenta los espacios de expresión colectiva.
Si analizamos este fenómeno desde los aportes de Jesús Martín-Barbero y las directrices del histórico informe de la UNESCO Nuestra diversidad creativa, la dimensión cultural no comienza ni termina en las grandes corporaciones de software, diseño o exportación de bienes de consumo. La verdadera fuerza creativa de la sociedad boliviana reside en sus mediaciones cotidianas:
- En las economías populares urbanas y rurales.
- En las culturas juveniles e indígenas que resisten y dialogan de forma permanente con la globalización (tal como teorizaba Néstor García Canclini).
Cuando el Estado se repliega y abandona su rol rector y de fomento, no solo se vulneran los derechos culturales garantizados, sino que se mercantiliza de forma salvaje el patrimonio o se le condena a la precariedad absoluta. Como recordaba el pensador uruguayo Hugo Achugar, la cultura y la memoria no son simples activos turísticos para balancear las cuentas fiscales; constituyen la densidad histórica que sostiene la dignidad de una sociedad.
IV. Disputar el futuro desde la formación crítica
Ante este panorama de incertidumbre institucional, la respuesta colectiva de la comunidad artística y académica no puede ser la resignación, ni tampoco la aceptación ciega de un «emprendedurismo naranja» salvaje que abandone a los artistas a la ley del mercado más cruel.
Es momento de politizar el debate desde las bases, las universidades, los centros culturales y los espacios de formación crítica. Se necesita articular a una nueva generación de gestores, investigadores y creadores capaces de auditar los proyectos culturales no en función de cuántos dólares aportan al PIB, sino de su capacidad para:
- Generar tejido social y dinamizar las comunidades.
- Defender la diversidad plurinacional frente a la homogeneización.
- Preservar y actualizar la memoria colectiva.
V. Conclusión: La cultura como cimiento no negociableUna sociedad que clausura la institucionalidad pública de su cultura se condena, tarde o temprano, a administrar su propia amnesia. Hoy, debatir sobre el desarrollo de la economía en Bolivia exige dar un paso atrás para mirar la raíz: entender que sin instituciones que protejan los bienes simbólicos, sin el reconocimiento de la diversidad como un bien público global, y sin la cultura entendida como un derecho humano de primer orden, no hay economía viable ni futuro de nación posible.
