Marcha contra Ley 157 crece, suma a la COB y se expande por el país
17 de abril de 2026
Roberto A. Barriga
La marcha contra la Ley 157 crece, suma a la COB y se expande por el país, convirtiendo una protesta regional en un conflicto de alcance nacional. Después de 10 días de un arduo recorrido, la movilización de más de 1.000 campesinos e indígenas de Pando y Beni ha ganado un aliado de peso: la Central Obrera Boliviana, que no solo ha ofrecido su respaldo total, sino que ha puesto un ultimátum al Gobierno. Mientras tanto, el rechazo a la norma se replica en otras regiones, como el norte de Potosí, y los intentos del Ejecutivo por dividir el movimiento han fracasado.
La COB eleva la presión: “O se abroga la ley o se suspende el diálogo”
El conflicto dio un giro decisivo con la intervención del ente matriz de los trabajadores. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció el respaldo “moral y físico” a la movilización, calificándola de “justa y reivindicativa”, y lanzó una advertencia directa al gobierno de Rodrigo Paz.
Argollo condicionó la continuidad de cualquier mesa de negociación a la anulación total de la Ley 157. “Seguramente en la respuesta nos van a decir ‘la Ley 157 no se abroga’. Bueno, lastimosamente entonces tendríamos que suspender el diálogo”, afirmó el dirigente. Este ultimátum eleva la presión y transforma la protesta en una prueba de fuerza para el Ejecutivo, que ahora se enfrenta no solo a los marchistas, sino a la principal organización sindical del país.
Un movimiento que se expande: norte de Potosí se declara en emergencia
El descontento ha trascendido las fronteras amazónicas y ha llegado a los Andes. Dirigentes campesinos del norte de Potosí se han declarado en estado de emergencia y anunciaron que evalúan sus propias movilizaciones.
“Estamos en estado de emergencia. Son reivindicaciones sociales que han costado vidas y que, por préstamos, no podemos permitir que se nos arrebate”, advirtió Clorinda Tumiri, ejecutiva de las Bartolinas del norte de Potosí. Los dirigentes de la región, que califican la ley de inconstitucional, han dejado claro que la defensa de la pequeña propiedad es una causa nacional.
Diálogo estancado y rechazo a acuerdos parciales
Mientras la marcha avanza —actualmente se encuentra en la comunidad de Collana Linares, cerca de Rurrenabaque—, los intentos del Gobierno por desactivarla han sido infructuosos. En los primeros acercamientos, el Ejecutivo propuso modificar solo dos artículos de la ley, una oferta que fue rechazada de plano por los movilizados, quienes mantienen su demanda innegociable: la abrogación total.
Además, los marchistas denunciaron un intento de división por parte del Gobierno, que firmó un acuerdo por separado con dirigentes de dos comunidades de Beni. La respuesta de la base fue contundente y pública: “A esos dirigentes que se reunieron con usted, señor ministro, van a ser desconocidos; a esos traidores no los queremos”, se escuchó en un video grabado durante una asamblea de la marcha, desconociendo cualquier negociación paralela.
El fondo del conflicto sigue siendo el mismo: los manifestantes advierten que la ley, al permitir que sus tierras sean embargadas, pone en riesgo su principal medio de subsistencia y abre la puerta al despojo por parte del agronegocio y el sistema financiero.
