Lawfare sistemático en América Latina: ahora Bolivia
9 de noviembre de 2024
Persecución intensificada
La situación actual del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de acoso y persecución, incluye múltiples denuncias y/o causas judiciales abiertas o impulsadas en los últimos meses, con distintos grados de avance y hostigamiento mediático, así como un intento reciente de eliminación física todavía no esclarecido. Esta situación se potenció desde que Evo lideró la denominada “Marcha para salvar Bolivia” en el mes de septiembre pasado, y a medida que se acerca el próximo comicio presidencial previsto para agosto de 2025.
Esta escalada de acciones que apuntan contra Evo Morales, otros dirigentes del MAS IPSP e incluso contra abogados del ex presidente, reflejan un patrón de lawfare, donde el sistema judicial se utiliza para perseguir arbitrariamente, deslegitimar y desplazar políticamente a un adversario, con indicios de coordinación entre actores del gobierno, poder judicial, fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. A esto se suma el acoso y linchamiento de parte de algunos de los medios de comunicación más importantes del país.
Similitudes con otros casos de la región
A continuación, se presentan características sistemáticas de los principales casos de lawfare en América Latina de la última década, enfocándose en Brasil, Argentina y Ecuador, con el propósito de identificar similitudes que colaboren a caracterizar el contexto boliviano del presente.
Aparato Judicial
Acoso judicial
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En los casos de Argentina, Brasil y Ecuador, hubo acoso judicial constante. Contra Cristina Fernández sumaron, al menos, 654 denuncias, de las cuales una docena se transformaron en causas con distinto grado de avance. Lula Da Silva acumuló 25 causas, fue impedido de participar de la elección presidencial de 2018 y pasó 580 días en prisión, por la causa Lava Jato, en la cual finalmente fue absuelto.
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En Ecuador, Rafael Correa recibió 52 denuncias, con una condena bochornosa en el caso Sobornos, por “influjo psíquico”.
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En Bolivia, Evo Morales es sistemáticamente denunciado y en un plazo de 3 semanas, luego de la “Marcha por la vida” en Bolivia, se le abrieron al menos 7 causas.
Doble Rasero y selectividad
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El doble rasero y la selectividad de expedientes en el caso de Argentina han sido evidentes, especialmente, desde la gestión presidencial de Mauricio Macri, en tanto las causas de corrupción que lo involucraban sistemáticamente se bloquean, mientras que mediante mecanismos de forum shopping y manipulación arbitraria de cargos judiciales, las causas contra CFK se acumulan y avanzan con notorias violaciones al debido proceso y derecho de defensa. A la vez, la causa por el intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta, nunca se enfocó en las autorías intelectuales y financiadores, quienes permanecen impunes. En Ecuador, en 2023 Guillermo Lasso fue denunciado por actos de corrupción mediante la Causa Encuentro, que nunca avanzó. El caso Sinohydro contra Lenin Moreno y el Caso Encuentro contra Danilo Carrera, cuñado de Lasso, tampoco avanzó al ritmo de la persecución contra funcionarios/as correístas. En el caso del Triplex de Guarujá contra Lula da Silva, se “saltearon” 7 expedientes para atender con urgencia esta causa y evitar que Lula pudiera inscribirse como candidato en elecciones presidenciales de 2018.
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En el caso de Bolivia, mientras se reabrieron causas contra Evo Morales, se anularon procesos que involucraban a Manfred Reyes Villa (potencial candidato presidencial de la derecha).
Manipulación y cambio de cargos en el poder judicial
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En Argentina, por decreto y violando la Constitución, el entonces presidente Mauricio Macri en 2018 ascendió a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; además, se extendió el mandato de Elena Highton de Nolasco como jueza de la CSJN gracias a un acuerdo con el gobierno de Macri a cambio del voto en el fallo del 2 x 1 para reducir las condenas a condenados por delitos de lesa humanidad. Además, el juez Claudio Bonadío (fallecido) acumulaba casi todas las causas contra CFK, contrariando todas las probabilidades matemáticas de que los sorteos le asignen las mismas.
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En Brasil, todas las causas del Lava Jato fueron forzadas por el Juez Moro para ser atendidas en Curitiba, sin importar la jurisdicción natural donde habían sucedido aparentemente los eventos de corrupción.
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En Ecuador, el gobierno de Lenin Moreno realizó un referéndum (sin respetar el procedimiento constitucional), mediante el cual cambiaron a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por gente designada desde el Ejecutivo y que se arrogó atribuciones no previstas en la Constitución, transformándose en un “tribunal de excepción” que aceleró la persecución política.
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En Bolivia, desde 2023 se vienen postergando las elecciones judiciales, permitiendo la “auto prórroga” de mandatos de jueces alineados contra Evo Morales, violando los plazos previstos en la Constitución y forzando una extensión de mandatos arbitraria.
Inconsistencias del debido proceso
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En Argentina es emblemática la figura del juez Claudio Bonadío, quien llegó a citar a indagatoria a CFK por nueve causas en el mismo día. En la causa Vialidad, se violó el debido proceso en tanto CFK fue condenada a seis años de prisión en primera instancia sin ningún tipo de prueba concreta, al punto de que se rechazó la realización de una auditoría completa de las obras que son el objeto de la causa solicitada por la defensa.
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En Brasil, la sentencia condenatoria de Moro contra Lula por delitos de lavado de dinero y corrupción pasiva, se basó en un “acto de oficio indeterminado”. Nunca existieron pruebas sobre los aparentes actos de corrupción vinculados al Triplex de Guarujá.
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En Ecuador, la Causa Sobornos comenzó con un twitter de un portal de “periodismo independiente”, siguió con numerosos testimonios de delatores que redujeron sus penas, que intentaron ser constatadas con pruebas que resultaron de poca veracidad, como una libreta escrita en retrospectiva por una ex asistente presidencial.
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En gran parte de los casos se observa el uso abusivo de la figura de los “arrepentidos” o “delatores premiados”, quienes aparecen como actores clave para que los fiscales tengan elementos para acusar a los líderes políticos.
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En Bolivia, existe muy poca claridad en los trámites procesales conocidos hasta el momento. Se observan acusaciones y notificaciones que se difunden en la prensa pero no en el marco del expediente judicial; asimismo se viola la garantía de juez natural y derecho a la defensa.
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En la causa reabierta por hechos supuestamente acontecidos en 2014 y 2015, la más mediatizada hasta el momento, se viola el non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho) en tanto la causa fue cerrada en 2020 por falta de pruebas. Sumado a eso, se le cambió la tipificación penal de la acusación, que en su momento era por estupro (art. 309 CPB) y ahora es por trata de personas (art. 281 bis CPB). Esto es para evitar acusarlo dos veces por el mismo tipo penal, aunque igual se viola la garantía en tanto se tratan de los mismos hechos y el mismo acusado. El primer caso, cerrado, se consignó con el nro. 201102012003939, abierto el 24 de septiembre de 2020 y cerrado meses después en tanto fue rechazado por el Ministerio Público, fundado en el art. 304 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, que establece una de las formas de cerrar el proceso penal, si la investigación no ha aportado elementos suficientes para fundar la acusación. Sin embargo, cuatro años después es reabierta por los mismos hechos en la causa nro. 601102012401698, sin justificación.
Inhabilitaciones para ejercer cargos públicos
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La condena del juez Sergio Moro contra Lula Da Silva, del año 2017, incluyó la inhabilitación por 19 años para ejercer cargos públicos. La sentencia de primera instancia contra CFK en causa Vialidad (diciembre 2022), incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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A Rafael Correa, por la causa Sobornos, lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos días antes de que venciera el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones de 2021, cuando se había postulado como vicepresidente.
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En el caso de Evo Morales, se pretende algo similar interpretando la sentencia 1010/2023 del 29 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como una inhabilitación a un nuevo mandato presidencial de quien ya hubiera cumplido dos mandatos, a pesar de que no sean consecutivos sino interrumpidos, lo cual contradice el texto constitucional. En este sentido, el día 8 de noviembre de 2024 el mismo TCP emitió el Auto Constitucional 0083/2024 ECA por el cual responde una solicitud de aclaración a la mencionada sentencia, detallando que no es posible para alguien que haya ocupado dos veces el mismo cargo, volver a postularse al mismo, ni siquiera cuando no sea de forma consecutiva. Esta interpretación resulta forzada respecto del texto constitucional, excediendo lo allí dispuesto.
Aparato mediático
Los medios de comunicación y redes sociales sentencian como culpable a un líder y/o a su sector político, mediante acusaciones y testimonios infundados, sin ningún tipo de prueba fehaciente, sin considerar los tiempos y el debido proceso judicial. La intención es la destrucción de la imagen social y por tanto política del target.
En Twitter/X
Yamil Santoro: EVO DEBE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA. Vamos a seguir hasta el final con la denuncia que impulsamos con @FundApolo para terminar con las prácticas de abuso y trata de menores. Terminemos con el silencio cómplice.
Agustín Antonetti: La situación de Evo Morales empeora. Las nuevas revelaciones sobre su caso, acusado de ser el jefe de una RED DE TRATA DE MENORES, son impactantes y comienza a salpicar a mucha gente. La red de Evo FUNCIONÓ EN ARGENTINA Y MÉXICO mientras estuvo refugiado.