La Privatización Comienza en Bolivia: Arce Cede y Autoriza a Privados la Importación de Combustibles
29 de octubre de 2025
La privatización comienza en Bolivia con la promulgación de la Ley 1657, una norma excepcional con la que el presidente saliente, Luis Arce, en la última semana de su gobierno, ha cedido a la presión y autorizado a empresas y personas privadas la importación de combustibles como diésel y gasolina. Impulsada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, esta ley es una respuesta desesperada a una crisis de desabastecimiento que ha paralizado al país, pero es vista por analistas y sectores sociales como el primer paso para desmantelar el monopolio estatal y abrir la puerta a un nuevo modelo económico, un cambio que el propio Arce promulgó mientras advertía sobre sus peligrosas consecuencias.
Una «Victoria Cívica» que Marca el Fracaso del Modelo Estatal
La promulgación de la Ley 1657 fue celebrada como una «victoria del pueblo boliviano» por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. Su vicepresidente, Agustín Zambrana, fue más allá y calificó la medida como una muestra clara del «fracaso» del modelo económico impuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La ley, que nació de la iniciativa cívica y de legisladores de oposición, es el resultado de una intensa presión social y económica. La crisis de combustibles, con filas interminables y un impacto devastador en la cadena productiva, forzó al gobierno saliente a tomar una medida que rompe con casi dos décadas de control estatal absoluto sobre los hidrocarburos.
La Ley 1657: Tres Meses de Libre Importación con Sabor a «Gasolinazo»
La nueva norma establece un régimen excepcional y transitorio de tres meses, durante los cuales se abre la puerta a la importación privada. Los puntos clave de la ley son:
Autorización a Privados: Personas naturales o jurídicas podrán importar diésel y gasolina para su comercialización en el mercado interno.
Licencia Exprés: La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) otorgará una Licencia Excepcional de Importación en un plazo máximo de 48 horas.
Liberación de Impuestos: La importación privada estará exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Transferencia (IT) para agilizar el abastecimiento.
Coexistencia de Precios: Las estaciones de servicio podrán vender tanto el combustible subvencionado por YPFB como el importado por privados a precio de mercado. Sin embargo, esta apertura ha encendido las alarmas en sectores sociales como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), que temen que la coexistencia de precios sea el preludio de un «gasolinazo» encubierto que afecte a los más vulnerables.
El Giro Inédito: El Comité Cívico Haciendo Lobby en La Paz
Para asegurar la promulgación de la ley, el Comité pro Santa Cruz dio un paso sin precedentes: sus líderes viajaron a La Paz para reunirse y negociar directamente con sectores históricamente alineados con el MAS. El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, sostuvo encuentros con la Fstmb, los cooperativistas mineros (Fencomin) y la Confederación de Choferes de Bolivia. Este «acercamiento inédito», como lo calificó el dirigente de los choferes Lucio Gómez, demuestra la magnitud de la crisis y la capacidad del sector cívico-empresarial para articular una demanda que trascendió las divisiones ideológicas, arrinconando al gobierno de Arce.
La Advertencia de Arce: «El Efecto sobre las Familias será Inmediato»
En una movida política cargada de contradicciones, el presidente Luis Arce promulgó la ley, pero inmediatamente después utilizó sus redes sociales para advertir sobre los riesgos que conlleva, deslindando responsabilidades sobre sus efectos.
“Es importante que el pueblo boliviano sepa que la libre importación y comercialización absoluta que se establece en esta ley, generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando provocará que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediato”, escribió Arce. El mandatario señaló que su gobierno ya había emitido decretos para permitir la importación privada, pero de manera controlada. Al firmar esta nueva ley, Arce no solo reconoce el fracaso de su propia gestión para resolver la crisis, sino que le entrega al próximo gobierno una «bomba de tiempo» económica y social, marcando el inicio formal de un cambio de modelo que él mismo critica. La era de la privatización en Bolivia, comenzando por los combustibles, ya es una realidad.
Por Roberto Barriga – https://plumayespada.lat/
