Erik Prince y la privatización de la seguridad en Perú y Ecuador
Empresas privadas de seguridad se instalan en Perú y Ecuador a través de unos supuestos expertos para “asesorar” a las jefaturas de estos países, no por poco precio y sin ninguna fiscalización
24 de julio de 2025
La región andina de Sudamérica tiene serios problemas en el combate al narcotráfico y las bandas criminales, pero no precisamente porque sus gobiernos tengan la responsabilidad directa, sino por el rol jugado por Estados Unidos en el incremento del consumo de cocaína en su propio territorio. Pero no solo eso: el país del norte tiene una gran deuda por las políticas de seguridad con sus gobiernos aliados.
Ahora, como ya pasa en algunos países de Asia y de África, las empresas privadas de seguridad se instalan en Perú y Ecuador a través de unos supuestos expertos para “asesorar” a las jefaturas de estos países, no por poco precio y sin ninguna fiscalización y auditoria de los recursos económicos públicos empleados.
Uno de esas personas y supuesto experto es Erik Prince, con credenciales de violaciones a los derechos humanos en Irak, Somalia y Haití. No solo es el fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater (actualmente Academi), sino que funge como un “súper soldado”, capaz de combatir a los criminales más violentos, y también de dar opiniones políticas sobre la democracia y los partidos políticos de los países que lo contratan, como sucedió en las elecciones presidenciales últimas en Ecuador.
Prince y sus soldados no se someten a la autoridad militar y cobra “por resultados”
En abril pasado, en Quito se reunió personalmente con Daniel Noboa y luego estuvo en operativos militares y policiales, sin usar ni casco ni chaleco antibalas, dirigiendo a los mandos en zonas de supuesto dominio criminal. Luego de su despedida, todo siguió igual y las condiciones de inseguridad no mejoraron. Claro, por esa “visita” cobró 150 mil dólares. Y hace poco estuvo de paso en Ecuador para dirigirse a Lima con la promesa de “capacitar” a las fuerzas del orden y apoyar a las comunidades campesinas en “zonas críticas” afectadas por la minería ilegal, el narcotráfico y la pobreza estructural.
¿Cuál es su experticia en todo esto? El uso de fuerzas militares privadas, sin relación directa con las cúpulas militares oficiales, intervención directa en poblaciones civiles, con fragilidad social y de escasa seguridad, para aprender a capos mafiosos y cobrar por las recompensas. Y en todo ello, actúa con impunidad, sin importar la violación a los derechos humanos y sin responsabilidad penal en caso de ejecuciones extrajudiciales.
Por supuesto, en Perú y en Ecuador las críticas llegan desde organizaciones de defensa de los derechos humanos, expertos en seguridad, académicos y medios de comunicación por dos razones: Prince y sus soldados no se someten a la autoridad militar y cobra “por resultados” (que nadie conoce porque son contratos reservados, bajo condiciones de seguridad y emergencia).
habría que asumir que el mínimo éxito se convertiría en el gran ejemplo para otros países, mercantilizar la seguridad privada como el mejor modo de combatir
Aquí lo que cuenta es el modelo aplicado por Blackwater en Bagdad durante la ocupación estadounidense. Y para ello actúa con la libertad de contactar a personas de las comunidades, convertirlas en parte de su tropa y también someterlas a interrogatorios.
Siendo todo así, habría que asumir que el mínimo éxito se convertiría en el gran ejemplo para otros países, mercantilizar la seguridad privada como el mejor modo de combatir, supuestamente, al narcotráfico y las bandas criminales, que en el caso de Ecuador y Perú controlan zonas mineras y petroleras.
Si en Perú ya se vivió, en la presidencia de Alberto Fujimori, con las Fuerzas Armadas y el resultado fue un reguero de sangre, bajo impunidad absoluta, ahora no habrá norma ni ley que pueda sancionar si se repite esa historia, como una respuesta paramilitar a la conflictividad social en esas zonas andinas.
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