Bolivia

Denuncia: Gobierno pagó $us 2,5 millones para silenciar a medio de comunicación

27 de abril de 2026

El Gobierno pagó $us 2,5 millones para silenciar a un medio de comunicación, en un operativo que incluyó la contratación de tres ciudadanos mexicanos para “perseguir” y dar de baja las plataformas digitales de la red DTV, un medio que había realizado graves denuncias contra la administración de Rodrigo Paz. La denuncia, realizada por la diputada Claudia Herbas, se suma a una investigación fiscal que ya ha emitido citaciones contra los extranjeros por el delito de manipulación informática, mientras nuevas revelaciones apuntan a que la operación fue coordinada desde YPFB y facilitada por un polémico pastor evangélico.

El “Plan Mordaza”: un operativo millonario para acallar a DTV

La denuncia de la diputada de Alianza Popular, Claudia Herbas, es contundente y apunta directamente al Ministerio de la Presidencia. “¿De dónde sacaron $us 2,5 millones para pagar a tres personas que están persiguiendo a medios de comunicación?”, cuestionó, anunciando una Petición de Informe Escrito para que el Gobierno aclare el origen de los fondos. Estas denuncias fueron vertidas en al cuenta de Facebook DTV8.1 de Facebook.

Según Herbas, la contratación de los mexicanos Isaías Sosa Huitrón, Luis Ángel Hurtado Razo y Joaquín Díaz tenía un objetivo claro: “coartar la libertad de expresión” y cerrar las páginas web y redes sociales de DTV, cuyo director, Junior Arias, había denunciado el caso de la “gasolina basura”.

Este operativo, calificado por el asambleísta Luis Alberto Ruiz como el “Plan Mordaza”, no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia para acallar voces críticas. “Si lo hicieron con un medio de comunicación, el día de mañana lo pueden hacer con cualquier otro”, advirtió Ruiz. También hubo quejas de usuarios que bajaron sus cuentas sin ningún motivo, solo por ser críticos al gobierno, incluso de la activista María Galindo bajaron sus páginas sin ningún argumento válido.

La conexión YPFB y un pastor polémico

Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. El caso se habría gestado en las oficinas de la estatal petrolera. Según el testimonio de Ludwing Calderón, el director de comunicación de YPFB, Hugo Muñoz, le pidió directamente “bajar las páginas de DTV” tras la revelación de un audio que comprometía a la gestión en el escándalo de la gasolina.

Además, según una publicación de Sureste Magazine, la llegada de la empresa mexicana Black Intelligence a Bolivia fue coordinada por Fabricio Roca, un polémico pastor evangélico que fue candidato a senador por el MAS en 2019. Roca habría sido el enlace clave para que los operadores mexicanos se reunieran con el empresario boliviano que financió la operación.

La Fiscalía actúa y el repudio crece

La gravedad de los hechos ha obligado a la Fiscalía a intervenir. La fiscal Carmen Guzmán Saldías emitió citaciones para que los tres ciudadanos mexicanos se presenten a declarar en calidad de testigos por el delito de manipulación informática.

Mientras tanto, el repudio de figuras políticas y sociales no se ha hecho esperar. La activista María Galindo calificó el hecho de “muy grave” y denunció que se está viviendo una “dictadura de desinformación digital”, revelando que a ella también le dieron de baja sus páginas. La diputada del PDC, Sandra Rivero, lo calificó de “catastrófico”, recordando que “la libertad de prensa al pueblo boliviano le ha costado sangre”.

Este ataque se produce en un contexto en el que el gobierno de Rodrigo Paz impulsa un proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial (PL-288) que, según sus críticos, busca crear un “Ministerio de la Verdad”, al otorgar a la agencia gubernamental AGETIC el poder de decidir qué es “información falsa” y sancionar a los críticos, consolidando así un aparato de censura estatal.

Roberto A. Barriga

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