Del Plan Cóndor al lawfare: la transformación histórica de la persecución política en América Latina

29 de diciembre de 2025

A mediados de los años setenta, las dictaduras del Cono Sur comenzaron a intercambiar información de inteligencia y a coordinar operativos represivos más allá de sus propias fronteras. Ese entramado, conocido como Plan Cóndor, permitió el secuestro, traslado y asesinato de opositores políticos en distintos países de América Latina. Militantes, sindicalistas, dirigentes sociales y exiliados quedaron atrapados en una estrategia regional que combinó terrorismo de Estado, cooperación entre gobiernos militares y una legitimación ideológica sostenida en la Doctrina de Seguridad Nacional, un enfoque promovido desde Estados Unidos durante la Guerra Fría que redefinió al “enemigo” como interno y habilitó la represión política como política de Estado.

El Plan Cóndor funcionó como una arquitectura represiva organizada. Los regímenes militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia compartieron información de inteligencia, centralizaron bases de datos, habilitaron canales de comunicación encriptados y ejecutaron operativos conjuntos. El exilio dejó de ser refugio y pasó a formar parte del mapa del terror. El objetivo era aniquilar proyectos políticos que cuestionaran el orden económico y geopolítico que buscaba imponerse en la región.

Estados Unidos cumplió un rol estructural en ese entramado. A través de la CIA, la formación de cuadros militares en academias propias y en la Escuela de las Américas, el financiamiento y el respaldo político, impulsó una doctrina que concebía la disidencia política como una amenaza a la seguridad interna.

Justicia y dictadura: rupturas y continuidades

En ese escenario, el Poder Judicial no fue un actor ajeno. En muchos países continuó funcionando con normalidad formal durante las dictaduras, acompañando al régimen mediante la inacción, la validación de procedimientos ilegales o el silencio frente a violaciones masivas de derechos humanos. Esa continuidad institucional permitió dotar de apariencia de legalidad a un sistema basado en el terror y resulta clave para comprender los desplazamientos posteriores de las estrategias de persecución política.

El Plan Cóndor funcionó como una arquitectura represiva organizada. Los regímenes militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia compartieron información de inteligencia, centralizaron bases de datos, habilitaron canales de comunicación encriptados y ejecutaron operativos conjuntos

Con el fin de las dictaduras, el escenario regional comenzó a modificarse. La emergencia de los organismos de derechos humanos, la construcción de una memoria colectiva en torno al terrorismo de Estado y, en algunos países, el juzgamiento de los responsables materiales de los crímenes establecieron límites políticos y culturales a la violencia represiva abierta. Al mismo tiempo, el surgimiento de gobiernos democráticos con fuerte respaldo popular y la aparición de nuevos polos de poder internacional alteraron el equilibrio geopolítico que había habilitado las intervenciones militares directas.

El surgimiento del lawfare como práctica política

Es en este punto donde se inscribe el fenómeno del lawfare. La investigadora Valeria Vegh Weis en su trabajo “El lawfare como golpe por goteo” propone entenderlo como una práctica histórica y progresiva, ligada a la crisis de los mecanismos clásicos de dominación y al reordenamiento de las disputas de poder en América Latina.

Desde esta perspectiva, el lawfare no se explica como una falla del sistema judicial, sino como un modo específico de intervención política que se consolida cuando la imposición por la fuerza militar pierde legitimidad. La autora señala que el campo de la confrontación se desplaza hacia el Poder Judicial, que pasa a ocupar un lugar central en la disputa política regional.

Ese funcionamiento se apoya en una secuencia reconocible. En primer lugar, la obtención de información, muchas veces mediante mecanismos de inteligencia formal o informal, espionaje ilegal o filtraciones selectivas. En segundo lugar, la amplificación mediática de esas acusaciones, que construye un clima de sospecha y condena social previa. En tercer lugar, la intervención de magistrados y fiscales que impulsan procesos judiciales atravesados por irregularidades, selectividad penal y uso extensivo de figuras jurídicas ambiguas, todo ello presentado bajo el lenguaje de la legalidad y la lucha contra la corrupción.

El nuevo rol del Poder Judicial

Desde esta lógica, el Poder Judicial adquiere un protagonismo inédito. A través de causas extensas, prisiones preventivas prolongadas, acuerdos judiciales bajo presión y decisiones procesales de alto impacto público, se generan procesos cuyas consecuencias exceden el plano penal. El objetivo es erosionar liderazgos políticos, condicionar agendas de gobierno y, en muchos casos, impedir la participación electoral de dirigentes populares.

Estados Unidos cumplió un rol estructural en ese entramado. A través de la CIA, la formación de cuadros militares en academias propias y en la Escuela de las Américas, el financiamiento y el respaldo político, impulsó una doctrina que concebía la disidencia política como una amenaza a la seguridad interna

La condena judicial se combina con la condena mediática. Aun cuando los procesos sean posteriormente cuestionados o anulados, el daño político ya está hecho. La selectividad penal aparece como un rasgo estructural.

Según señalan Romano, Lajtman y García Fernández (CLACSO), Estados Unidos mantiene un papel activo en los sistemas de justicia de la región. A partir de la década de 1980, y con mayor intensidad desde los años noventa, ese rol se expresó en programas de asistencia orientados a la reforma y estandarización de los poderes judiciales latinoamericanos, bajo criterios de eficiencia y operatividad acordes a los objetivos de las instituciones financieras internacionales.

Con la llegada de los gobiernos progresistas a comienzos del siglo XXI, ese esquema no se interrumpió, sino que amplió su alcance. La cooperación judicial incorporó la formación de funcionarias y funcionarios de los poderes judiciales y de las fuerzas de seguridad, la adecuación de marcos legales y la reforma de las currículas de derecho. Estas iniciativas se desplegaron en el marco de la guerra contra las drogas y el terrorismo, luego asociadas a la lucha contra la corrupción, y convivieron con procesos de lawfare que presentaron rasgos comunes en distintos países de la región, incluida la articulación con agencias y programas del gobierno estadounidense.

Ese entramado se completa con mecanismos de legitimación política y simbólica. El otorgamiento de reconocimientos oficiales a fiscales, jueces y dirigentes alineados con estos objetivos refuerza trayectorias judiciales que luego inciden de manera directa en la vida política nacional. En este escenario, el control ya no se ejerce principalmente mediante la ocupación militar, sino a través de decisiones judiciales, condicionamientos económicos y disputas simbólicas que delimitan quiénes pueden gobernar y bajo qué condiciones, consolidando al lawfare como una herramienta funcional a una nueva etapa del intervencionismo regional.

Antes y ahora: el objetivo de terminar con los liderazgos populares

Los casos de Brasil y Argentina permiten observar con claridad el funcionamiento de este esquema. En Brasil, la operación Lava Jato se presentó como una cruzada anticorrupción destinada a “sanear” el sistema político. El encarcelamiento de Lula da Silva, basado en pruebas endebles y en declaraciones obtenidas mediante acuerdos judiciales cuestionables, tuvo un impacto político decisivo. La imposibilidad de su candidatura en las elecciones de 2018 alteró el escenario electoral y favoreció la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Las filtraciones posteriores entre jueces y fiscales revelaron la coordinación política de la causa y expusieron las irregularidades que la atravesaron.

El lawfare no se explica como una falla del sistema judicial, sino como un modo específico de intervención política que se consolida cuando la imposición por la fuerza militar pierde legitimidad

En Argentina, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad constituye una de las expresiones más recientes del lawfare. El fallo de la Corte Suprema, dictado en un tiempo récord, ratificó una condena que implicó la inhabilitación perpetua de la ex presidenta para ejercer cargos públicos. La ausencia de pruebas directas, la exclusión de peritajes y testimonios relevantes, los cambios de competencia y los vínculos de algunos magistrados con sectores del poder económico y mediático abonan la lectura de una decisión orientada a la proscripción política.

La persecución política en América Latina adoptó formas distintas a lo largo del tiempo, pero mantuvo una orientación persistente. Las dictaduras del Cono Sur recurrieron al terrorismo de Estado y a la coordinación represiva para eliminar a sus adversarios; en el presente, la judicialización de la política y la estigmatización mediática ocupa un lugar central en esa misma lógica de disciplinamiento. A cincuenta años del Plan Cóndor, el cambio de herramientas no expresa una ruptura con aquellos objetivos históricos, sino una adaptación a nuevos límites políticos e institucionales.

Leer el lawfare en esa clave histórica permite comprender su impacto actual. Ese proceso tensiona el funcionamiento democrático en su conjunto y permite leer con mayor claridad los desafíos políticos que atraviesa hoy la región.