24 de diciembre de 2025
El Decreto Supremo 5509 ha sido presentado como un hito histórico: la apertura del país a empresas internacionales de tecnología, centros de datos y, sobre todo, la llegada de Starlink como la solución definitiva al problema de la conectividad en Bolivia. Según el discurso oficial, con esto se cierra la brecha digital y se garantiza una conectividad “real” y “de vanguardia”, especialmente en zonas rurales.
Conviene detenerse un momento y preguntarse, con un mínimo de honestidad intelectual: ¿qué significa exactamente “real” y “de vanguardia”? ¿Y, sobre todo, desde cuándo la brecha digital se clausura por decreto?
Para empezar, aclaremos algo esencial: no estoy en desacuerdo con que Starlink ingrese al país. Al contrario, llega tarde. Starlink ya está en Bolivia, aunque no de manera formal. Desde hace tiempo existen decenas de emprendimientos —principalmente en El Alto y Santa Cruz— que importaban el servicio desde otros países para revenderlo localmente mediante roaming regional. No por decreto, sino por necesidad, ingenio y mercado.
Lo más probable es que, con la formalización del ingreso de Starlink, muchos de estos pequeños emprendimientos desaparezcan o se vean seriamente afectados. Es parte de las reglas del juego. Pero lo que no es parte del libre mercado es atribuirse como logro estatal algo que no fue impulsado, financiado ni desarrollado por el gobierno boliviano.
Decir que con Starlink “se cierra la brecha digital” no solo es exagerado; es, francamente, risible.
La brecha digital no es solo cobertura. Es infraestructura, es soberanía tecnológica, es capacidad económica de acceso, es alfabetización digital, es uso productivo del internet. ¿De qué sirve la conectividad si la mayoría de la población no puede pagarla? ¿De qué sirve si no se tienen dispositivos? ¿De qué sirve si el uso principal sigue siendo el entretenimiento y no el desarrollo educativo, económico o productivo?
Hablar de cerrar la brecha digital en ese contexto es como inaugurar un frigorífico privado para exportar carne y celebrar la apertura de nuevos mercados internacionales mientras (como lo hizo recientemente el presidente), al mismo tiempo, gran parte de la población ya no puede comprar carne. Hoy el kilo está en 80, 83 u 85 bolivianos, y muchas familias simplemente han dejado de consumirla.
El gesto es el mismo: endilgarse logros que no resuelven el problema estructural y, peor aún, resultan ofensivos para la realidad cotidiana.
Starlink es un servicio de internet satelital de baja órbita. Tiene miles de satélites —se habla de más de 12.000— y cubre prácticamente todo el planeta. No está pensado para ciudades con fibra óptica, sino para zonas de difícil acceso. Y precisamente por eso es caro.
En la región, el servicio residencial es a partir de los 50 dólares mensuales y el itinerante ilimitado de 100 dólares en adelante. Los revendedores lo ofrecen desde unos 450 bolivianos por velocidades de entre 100 y 200 Mbps. En contraste, ENTEL ofrece en zonas urbanas más de 600 Mbps por un precio similar. Tigo, incluso, ofrece el doble con TV cable incluido. Y a eso hay que sumarle la compra de la antena: alrededor de 500 dólares en su versión mini.
Entonces, ¿es Starlink una solución a la conectividad? Sí, para quien puede pagarla.
Existen ejemplos —difundidos en TikTok— de comunidades enteras usando una sola conexión. Técnicamente es posible por el router, pero con muchas limitaciones. En un uso simultáneo realista, con videollamadas, streaming, clases virtuales o juegos en línea, la experiencia se degrada rápidamente. Más que 10 a 15 conexiones simultáneas funcionales resulta optimista.
Hay casos puntuales donde Starlink funciona muy bien, como es el caso de Jherson, un cocalero de los Yungas, tiktoker y streamer que lo presume. Para ellos, con actividades rentables, el servicio es una solución. Pero extrapolar eso a la población rural en general es, otra vez, demagógico.
La formalización de Starlink solo hará que el servicio sea legal y que los contratos se sujeten a la legislación boliviana. Pero aquí aparece otro problema: Bolivia no tiene legislación tecnológica robusta. Ni siquiera existe una ley de protección de datos personales. No hay regulación clara sobre soberanía digital. Y, además, la banca boliviana mantiene restricciones para pagos en línea, con cupos limitados que afectan directamente a quienes trabajan en la economía digital.
Tal vez, antes de anunciar Starlink como la gran solución, sería más revolucionario permitir que PayPal opere plenamente en Bolivia. Miles de personas generan ingresos en internet y no pueden recibir divisas. Eso sí sería ayudar al problema de divisas.
De hecho, Starlink puede convertirse más bien en un canal de fuga de divisas, ya que los pagos irán directamente a una empresa transnacional.
¿ENTEL se verá afectada? Difícilmente en su mercado principal, que es urbano, aunque hay a quienes les da ansias de privatizarla. Starlink en ciudades es más caro y menos estable que la fibra óptica. El verdadero desafío para ENTEL no es Starlink, sino la modernización de su red, el despliegue efectivo de 4G o 5G y una política tecnológica coherente que amplifique la cobertura de radiobases en la mayor parte del territorio.
Pero aquí entramos al terreno incómodo: la geopolítica. El internet, como el litio o los hidrocarburos, no es solo un negocio; es poder. Si de verdad se apostara por libre competencia, Bolivia podría abrirse también a otros actores, como lo hizo Brasil con la empresa china SpaceSail, que operará desde 2026 y planea desplegar más de 15.000 satélites en los próximos años. Eso sí sería ir contra el monopolio.
Pero no. Lo que vemos no es competencia, sino alineamiento. No es soberanía digital, sino dependencia. No es cierre de brechas, sino marketing político.
La brecha digital no se cierra por decreto. Se cierra con políticas públicas reales, con acceso económico, con educación digital, con infraestructura propia y con reglas claras. Todo lo demás es discurso.
Por Wilmer Machaca
