22 de mayo de 2026
La Ley Nº 1341 de Estados de Excepción, aprobada tras la crisis de 2019 y las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el gobierno de Jeanine Añez, establece límites claros al poder del Ejecutivo en situaciones de emergencia. Esta norma protege derechos que no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, como la vida, la integridad personal, el debido proceso, la igualdad, la libertad de conciencia, los derechos políticos y las garantías judiciales. Además, dispone que cualquier restricción debe ser temporal, proporcional y estrictamente necesaria, evitando que el estado de excepción se convierta en una herramienta de persecución, represión o concentración de poder.
A través de esta ley también se fortalecen los mecanismos de control y supervisión en materia de derechos humanos, estableciendo controles de la Asamblea Legislativa sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo, garantizando el funcionamiento permanente de la Defensoría del Pueblo y limitando la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, bajo estándares internacionales de derechos humanos.
En los hechos, esta norma busca evitar la repetición de masacres y abusos estatales como Sacaba y Senkata, o los excesos cometidos durante las cuarentenas, reforzando la protección de la población frente al uso excesivo de la fuerza y la represión estatal.
Lo que plantea el diputado Alarcón, con su intento de abrogación de estos límites y controles durante estados de excepción, es abrir la puerta para que Rodrigo Paz tenga carta blanca para atentar contra la vida, la integridad, la dignidad y otros derechos fundamentales del pueblo boliviano, particularmente en el actual contexto de persecución y confrontación contra organizaciones y sectores disidentes al régimen.
Si los parlamentarios no quieren trabajar como instancia de fiscalización y así precautelar por los derechos humanos de la población, para que se los mantiene?
Que se vayan!
Por Nadia Alejandra Cruz Tarifa
