El Gobierno de Milei privatiza el servicio de agua de Buenos Aires 20 años después de su reestatización
El Estado entregará por 340 millones de dólares el 90% de sus acciones en Aysa a un grupo de empresarios argentinos, brasileños y holandeses
9 de octubre de 2026
Delfina Torres Cabreros
El Gobierno de Javier Milei ha logrado dar un paso más en su plan de privatizaciones. Este jueves se conocieron las ofertas económicas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que provee de agua potable y cloacas a 14 millones de usuarios en Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. Cuando se concrete la adjudicación, el paso administrativo restante, la empresa quedará en manos de un consorcio encabezado por empresarios locales que pagarán por ella 340,2 millones de dólares, casi un 25% menos de lo que el Ejecutivo esperaba recaudar.
Se trata de la operación más grande del programa de privatizaciones de Milei, si se toma como parámetro los ingresos que le generará al Estado. Si bien la venta de las acciones de Metrogas fue más voluminosa, por 780 millones de dólares, ese dinero fue destinado a la petrolera estatal YPF, dueña de las acciones vendidas, y no directamente al Tesoro.
La licitación no establecía un precio mínimo y, dado que las dos ofertas ya habían superado la etapa técnica, se preveía que el ganador quedara definido exclusivamente por el monto. El mejor postor es un consorcio encabezado por Rowing S.A., una empresa de ingeniería fundada por el empresario argentino Walter Román, junto a Transclor, del empresario Mauricio Filiberti. Filiberti (que es apodado “el rey del cloro” y proveedor exclusivo de ese producto químico para AySA) es socio también de Edenor, la distribuidora eléctrica argentina que acaba de quedarse con Metrogas, la principal distribuidora de gas natural del país. El consorcio ganador se completa con la brasileña Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR BV, radicada en Países Bajos. Se quedarán con el 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El otro contendiente en esta etapa de la licitación, que hizo una oferta de 285 millones de dólares, era el grupo local Roggio. Ambas ofertas estuvieron muy por debajo de los 450 millones de dólares que, según fuentes oficiales citadas en medios nacionales durante el proceso, el Gobierno calculaba recaudar con la operación.
El programa de privatización contempla una inversión de alrededor de 1.878 millones de dólares, incluyendo obras, mantenimiento, mejoras y gastos de operación. Sin embargo, el contrato no exige para los próximos cinco años metas de aumento de la cobertura, que actualmente es del 75% en el servicio de agua sobre el área de servicio (10,7 millones de habitantes) y del 63% (9,1 millones de habitantes) en cloacas. Sí establece que, al finalizar el período inicial de concesión —que es de 30 años, con la posibilidad de prorrogarlo por 10 años más—, deberán alcanzarse como mínimo un nivel de cobertura del servicio de agua del 90% y del 75% en el caso de las cloacas.
Si se completan los pasos administrativos restantes, la empresa volverá a manos privadas 20 años después de que el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) rescindiera el contrato con el grupo francés Suez, que la operaba desde la privatización de 1993 bajo el nombre de Aguas Argentinas, en sociedad con la española Aguas de Barcelona (Agbar) y Vivendi. Tras ser desplazadas, estas empresas iniciaron un reclamo en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por el que Argentina debió pagar más de 384 millones de dólares.
En un comunicado, el Ministerio de Economía aseguró que “AySA era un modelo de disfunción administrativa”. “Pasa del despilfarro, la ineficiencia y la falta de cobertura a un sistema de inversión privada”, agregó. Según precisa el texto oficial, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares. “Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%”, apunta.
Antes de lanzar el proceso licitatorio, el Gobierno de Milei procuró ponerla a punto para los inversores, “saneándola” con su motosierra. La tarifa subió 538% entre diciembre de 2023 y septiembre pasado y alrededor de 1.200 empleados se fueron con retiros voluntarios.
Milei llegó al Gobierno con la promesa de ejecutar una oleada de privatizaciones. A poco de andar, la oposición en el Congreso lo obligó a suavizar sus planes, postergando, por ejemplo, la venta de Aerolíneas Argentinas, a la que el peronismo considera un símbolo de soberanía. Sin embargo, donde ha tenido margen, Milei ha avanzado. Ha privatizado la empresa metalúrgica IMPSA, la operación de la hidrovía y la transportista eléctrica Transener, mientras continúan abiertos muchos otros procesos, sobre todo en empresas vinculadas al transporte y la generación de energía.
