19 de mayo de 2026
Bolivia camina hacia el espejo incómodo de su propia historia. Las calles vuelven a llenarse de protestas sociales que recuperan el lenguaje de la resistencia y la política institucional. Como a comienzos del siglo XXI, cuando la Guerra del agua y la Guerra del gas desbordaron el modelo neoliberal, el país vuelve a preguntarse quién gobierna realmente y para quién se ejerce el poder.
El momento actual posee una carga histórica todavía más compleja. Si algo marcó el ciclo inaugurado por el Estado Plurinacional fue la irrupción de los sectores históricamente excluidos de la vida pública.
Bolivia no sólo eligió otro gobierno, redefinió el sentido mismo del Estado. Por eso, la crisis actual no puede entenderse únicamente como un problema económico o administrativo. Lo que atraviesa Bolivia es una disputa mucho más profunda sobre el sentido común del proyecto plurinacional.
Rodrigo Paz y Edmand Lara fueron presentados como una alternativa moderada, pero solo fue el retorno de la lógica tradicional del poder: una élite política dispuesta a administrar privilegios y restaurar jerarquías históricas
Después del golpe de Estado de 2019, el país nunca logró recomponer plenamente su tejido político y social. La fractura institucional dejó heridas abiertas: persecución, exclusión, desconfianza en las instituciones; heridas que el regreso electoral del Movimiento al Socialismo no logró sanar ante las tensiones internas.
La incapacidad del gobierno de Luis Arce de reconstruir consensos profundizó el agotamiento político de la población. Ese desgaste abrió el paso a Rodrigo Paz y Edmond Lara al poder, presentados como una alternativa moderada, pero cuyo oficialismo solo fue el retorno de la lógica tradicional del poder: una élite política dispuesta a administrar privilegios y restaurar jerarquías históricas.
La figura de Paz encarna esa nostalgia conservadora de una Bolivia donde las élites monopolizaban la representación política. El problema para ese proyecto es que el país ya cambió de manera irreversible.
La Bolivia actual no puede explicarse sin la irrupción indígena, sin el campesinado organizado, las federaciones sindicales, las organizaciones cocaleras y los movimientos indígenas. El viejo imaginario republicano de una nación homogénea y blanqueada se quebró cuando el país se miró al espejo.
Ese cambio cultural y político es lo que hoy entra en tensión con las medidas impulsadas por el gobierno de Paz.
La eliminación del impuesto a las grandes fortunas fue uno de sus primeros gestos. No es solo una medida tributaria: es una declaración ideológica. Mientras millones de bolivianos enfrentan precarización, el Estado decide aliviar la carga de quienes concentran mayores recursos.
Quizás la señal más alarmante es la Ley de Tierras 17-20, el proyecto de transformación agraria más agresivo desde 1953. Bajo el discurso de modernización y acceso al crédito, la propuesta busca convertir la tierra comunal en propiedad individual; entregar la tierra comunal que es la base organizativa y cultural de numerosas comunidades indígenas y campesinas.
Fragmentarla implica debilitar las estructuras colectivas, erosionar la autonomía territorial y abrir la puerta a procesos de concentración de bancos y grandes propietarios. Significa desmontar uno de los pilares del Estado Plurinacional.
La proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS), constituye una decisión de enorme riesgo democrático. Ningún proyecto de estabilidad puede construirse anulando a una gran parte del país
La marginación del vicepresidente, quien representaba el principal vínculo popular, revela una voluntad de concentración de poder. Vaciar políticamente figuras electas no sólo deteriora la democracia interna del gobierno, profundiza la percepción de que el oficialismo gobierna de espaldas a quienes le dieron la victoria electoral.
La proscripción del MAS, el partido con mayor capacidad de movilización y representación popular en Bolivia, constituye una decisión de enorme riesgo democrático. Ningún proyecto de estabilidad puede construirse anulando a una gran parte del país.
La historia boliviana demuestra que los intentos de gobernar sin los movimientos sociales terminan en crisis profundas. Desde la Revolución Nacional de 1952 hasta el siglo XXI, las grandes transformaciones del país surgieron cuando las mayorías populares irrumpieron como sujetos políticos.
El actual momento no debe leerse únicamente como una crisis de gobierno, sino como una disputa histórica sobre el rumbo del país. Bolivia vuelve a encontrarse en una encrucijada decisiva.
Pero hay algo que permanece intacto: la memoria política de sus pueblos, de quienes tomaron las calles para defender el gas, el agua, la tierra y la dignidad; de quienes demostraron que los indígenas no sólo podían participar del Estado, sino gobernarlo.
La memoria de un país que, después de siglos de exclusión, decidió nombrarse plurinacional. La Bolivia que añora las élites ya no existe y quizás ese sea el dato político más importante de todos.
Israel Barrenechea
