Gobierno enfrenta una ola de protestas que no supo escuchar
13 de mayo de 2026
Acorralado por una ola de protestas y con una soberbia que le impide asumir su responsabilidad, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una de sus peores crisis de gobernabilidad. Mientras la Cámara de Senadores se veía forzada a abrogar la polémica Ley 1720 para calmar a una marcha indígena que llegó a La Paz, y el magisterio declaraba un cuarto intermedio tras más de 10 horas de negociación, el Ejecutivo respondía a la creciente conflictividad con llamados al diálogo vacíos y acusaciones de desestabilización, demostrando una total desconexión con las demandas sociales que no supo escuchar a tiempo.
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El Gobierno, entre la negación y las concesiones a medias
La jornada de este martes fue un reflejo de la estrategia gubernamental: ceder lo mínimo indispensable bajo presión y, al mismo tiempo, descalificar las protestas.
Abrogación y cuarto intermedio: victorias de la presión social
En el Senado, la presión de los marchistas de Pando y Beni, que mantenían su vigilia en La Paz, surtió efecto. La Cámara Alta aprobó la abrogación de la Ley 1720, la principal demanda del sector, aunque devolvió la norma a Diputados con modificaciones que plantean la concertación de una nueva ley en 60 días. Es una victoria para los movilizados, pero con un sabor a incertidumbre.
Simultáneamente, tras una maratónica reunión de más de 10 horas, el magisterio urbano anunció un cuarto intermedio en sus medidas de presión, levantando bloqueos y protestas hasta el sábado, cuando se retomará el diálogo. Es un respiro para el Gobierno, pero no un acuerdo definitivo.
“No tienen una solicitud específica”: la soberbia como respuesta
Mientras cedía en dos frentes, el discurso oficial destilaba soberbia. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, minimizó la legitimidad de las protestas, llegando a afirmar que muchos sectores movilizados “no tienen una solicitud específica” y que sus demandas ya no son sectoriales, sino parte de un “conflicto político”.
“Les pedimos a aquellos que están bloqueando que le digan al pueblo boliviano cuál es su demanda”, desafió Gálvez, en una clara muestra de desprecio hacia pliegos petitorios que han sido públicamente ignorados durante semanas. El presidente Paz reforzó esta línea, convocando a un diálogo “sin fecha ni hora” y asegurando que las protestas son producto de la “confusión” generada por “intereses políticos”.
Un conflicto que no se detiene y amenaza con agravarse
El Gobierno celebra sus “victorias” parciales, pero la realidad es que el conflicto, lejos de apagarse, muta y se expande.
- Violencia en Río Seco: La jornada del martes estuvo marcada por la violencia en El Alto, donde los denominados Ponchos Rojos llegaron a la zona de Río Seco, destrozaron vehículos y obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios bajo amenazas de saqueo, generando enfrentamientos con la Policía.
- Marcha desde Caracollo: Sectores afines al “evismo” iniciaron una nueva marcha desde Caracollo hacia La Paz, sumándose al paro indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB). Su objetivo es claro: “tomar la ciudad de La Paz” y exigir la renuncia del Presidente.
- Mineros se suman al cerco: La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ha instruido a sus bases a masificar los bloqueos y reforzar el cerco a las ciudades.
Frente a este escenario, la insistencia del Gobierno en “la reconciliación” y sus acusaciones de conspiración suenan vacías. Analistas como Ramiro Cavero y René Martínez coinciden en que el Ejecutivo “perdió tiempo y capital político” al no atender las demandas a tiempo. Ahora, acorralado y sin credibilidad, su única respuesta parece ser la soberbia, una actitud que solo promete agravar una crisis que ya tiene al país en vilo.
Por Roberto A. Barriga – https://plumayespada.online/
