11 de febrero de 2026
El Gobierno ha iniciado una ofensiva directa contra los derechos de las y los trabajadores buscando reformar la Ley General del Trabajo (LGT) de 1939. Si bien durante el ciclo neoliberal, y con los gobiernos del MAS, la precarización laboral avanzó tanto que hoy la gran mayoría de la clase obrera y de los trabajadores no goza de ningún derecho, este ataque pretende ir contra el último reducto de trabajadores que aún conservan derechos laborales básicos como de seguridad social de corto y largo plazo, de estabilidad laboral, etc.
No se trata de una reforma técnica ni de un inocente “ajuste a la era digital”. Es un paquete de concesiones para la patronal. Desde noviembre el Gobierno viene preparando el terreno y, tras las movilizaciones contra el D.S. 5503, decidió avanzar sin rodeos. Primero liberaron la negociación salarial (DS 5516), ahora anuncian “flexibilización” y mañana irán por los sindicatos. La letra chica es evidente: más poder para el empresario, menos protección para el trabajador.
Lo que presenta como reformas aisladas es, en realidad, una estrategia gradual que se viene desplegando paso a paso. El proyecto de Ley que propone modificar la Ley General del Trabajo forma parte de una hoja de ruta clara: bajo el discurso de “modernización” y “formalización”, buscan abaratar la fuerza de trabajo y disciplinar al movimiento obrero.
La secuencia no deja dudas
En noviembre de 2025, el ministro Edgar Morales declaró que la LGT estaba “caduca” y debía adecuarse al “siglo XXI”. No dio detalles, pero sí una pista: la nueva norma debía “favorecer la inversión” y garantizar “seguridad jurídica” al empresario.
En diciembre apareció el proyecto para limitar la gestión de dirigentes sindicales bajo el pretexto de “democratizar”, una intromisión directa del Estado en la vida interna de los sindicatos. Si bien el MAS cooptó y prebendalizó todos los organismos sindicales y de los movimientos sociales, con esta medida, Paz con el pretexto de “democratizar los sindicatos” en realidad avanza en coartar y limitar el derecho democrático de las y los trabajadores a organizarse como “se les de la gana”. Como parte de su política antiobrera, en enero, el gobierno anunció que los aportes sindicales dejarían de ser automáticos buscando golpear las finanzas de la COB.
En la segunda quincena del mes de enero aprobó la Resolución 088/26: el salario básico ya no se define por decreto, sino por negociación individual con el empleador. De más está decir que esta disposición choca con el recientemente presentado pliego único de la COB.
La trampa de la “negociación libre”
El Gobierno la vende como diálogo y flexibilidad. Los empresarios la celebran como “racionalización salarial”. En los hechos, es un retroceso: el salario deja de ser el resultado de una negociación colectiva, donde la unidad y fuerza de lxs trabajadores pesa y pasa a depender de la fuerza individual de cada trabajador frente a su patrón. Y todos sabemos quién tiene ventaja.
Un trabajador solo, con miedo al despido y en un mercado donde reina la informalidad, no negocia: acepta. La “negociación libre” es libertad para el fuerte y precariedad para el débil.
Si no hay acuerdo, el patrón puede congelar el salario. Por eso la CEPB (Confederaciòn de Empresarios Privados de Bolivia) aplaude porque es una rebaja salarial encubierta.
Los cuatro ejes del «cambio»: Un desglose de la retórica gubernamental
El ministerio de Trabajo habla de cuatro ejes: modernización, adaptación al mercado, seguridad laboral y capacitación. Suena inofensivo. Pero detrás del lenguaje técnico se esconden concesiones al empresariado.
“Seguridad jurídica” significa facilitar despidos.
“Flexibilidad” significa contratos temporales y por proyecto.
“Era digital” significa teletrabajo sin horarios y con los costos trasladados al trabajador.
La experiencia regional ya lo mostró: cuando Argentina o Brasil hablaron de flexibilizar, el resultado fue más precariedad y salarios a la baja.
Disciplinar al movimiento obrero
Nada de esto es casual. La reforma viene acompañada de un ataque directo a las organizaciones sindicales: aportes voluntarios para desfinanciarlas, límites a las dirigencias y supervisión estatal bajo el pretexto de la “transparencia”. Si antes la burocracia sindical era usada para garantizar los negocios patronales hoy Paz y toda la derecha no quieren ni siquiera que haya burocracia.
El método es clásico; primero debilitan al sindicato, después fragmentan la negociación y finalmente imponen la reforma. Sin organización colectiva no hay defensa salarial. Y llega, además, como respuesta política a las movilizaciones contra el D.S. 5503. No es coincidencia: es revancha.
El “cuento” de la informalidad
Paz agita el 85% de trabajadores informales como coartada para su ajuste. Si la mayoría está precarizada —“dice”— bajemos los derechos de todos. Igualar para abajo.
Pero la informalidad no nace de una ley “rígida”. La denominada informalidad del trabajo y la precarización de las condiciones laborales surgen como consecuencia de los ajustes neoliberales y de un modelo extractivista que nunca industrializó el país. Quitar derechos no crea empleo digno: solo abarata la mano de obra y engorda las ganancias empresariales.
La lucha contra la reforma de la Ley General del Trabajo no puede empezar cuando el proyecto llegue a la Asamblea. Hay que empezar a organizar la pelea desde ahora.
Cuando el gobierno promete “no tocar derechos adquiridos”, miente. Cada medida apunta a lo contrario: fragmentar, debilitar y dejar a cada trabajador solo frente a su patrón.
No es modernización. Es un ataque patronal. El gobierno y la CEPB tienen su hoja de ruta. A la clase trabajadora le urge construir la suya.
Iran Flores – Corresponsal LID Bolivia
