La estatal israelí de agua «Mekorot» avanza, el derecho al agua retrocede

15 de diciembre de 2025

En Argentina, como en gran parte de Latinoamérica, el agua dulce enfrenta riesgos crecientes ligados al avance del extractivismo minero, la presión sobre zonas periglaciares y la disputa por áreas estratégicas que hoy interesan también al negocio de la inteligencia artificial.

A este escenario se suma la política “desarrollista” del gobierno de Javier Milei, que aceleró el vaciamiento de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y permitió una mayor injerencia de Mekorot, la empresa estatal israelí que asesora a provincias en procesos extractivos con menor control social y ambiental.

Esto ocurre pese a que AySA, reconocida en 2022 por la International Water Association como “Climate Smart Utility”, es el sistema metropolitano de agua y saneamiento más grande de América Latina y cuenta con infraestructura, personal calificado y capacidad técnica para planificar políticas hídricas estratégicas sin necesidad de privatización.

La ingeniera María Eva Koutsovitis advierte que Milei replica el esquema privatista de los años noventa, cuyos antecedentes incluyen aumentos tarifarios desproporcionados, deterioro del acceso en sectores vulnerables, conflictos contractuales y un litigio de doce años en el CIADI que terminó con pérdidas millonarias para el Estado.

Señala además que el Gobierno avanzó mediante un DNU sin debate parlamentario ni participación ciudadana, vulnerando la división de poderes y la democracia ambiental garantizada por el Acuerdo de Escazú.

AySA, reconocida en 2022 por la International Water Association como “Climate Smart Utility”, es el sistema metropolitano de agua y saneamiento más grande de América Latina

En paralelo, la reacción social vuelve a ocupar un lugar central. Las recientes movilizaciones masivas en Mendoza contra el proyecto San Jorge -un emprendimiento minero de cobre a cielo abierto que busca instalarse en la precordillera- muestran que las comunidades no permanecen pasivas. La Legislatura provincial aprobó el proyecto minero, y la votación se dio tras un extenso debate y un fuerte operativo de seguridad. Con mayoría oficialista, el gobierno de Alfredo Cornejo, con respaldo de Javier Milei, logró avanzar pese a los reclamos por los posibles riesgos para el agua en la zona, que ya atraviesa una crisis hídrica. La defensa del agua se enlaza así con una tradición de movilización que disputa, en las calles, el rumbo de las políticas extractivas y poco soberanas de quienes conducen el país.

El agua: entre el clientelismo y los derechos humanos

La primera amenaza contra AySA fue con la sanción de la Ley Nº 27742, “ley Bases”, que en su artículo 7 declaró que la misma se encuentra sujeta a privatización. Luego comenzaron a desguazar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado Nacional para que la empresa sea rentable para los futuros compradores.

Hubo casos donde la tarifa al usuario, por un servicio público de agua y saneamiento, tuvo incrementos de hasta 1500% en 2024.

María Eva Koutsovitis, ingeniera

Para analizar algunos puntos importantes sobre esta realidad conversamos con Koutsovitis. Ella es ingeniera civil especializada en hidráulica, docente universitaria y fundadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA.

«Estamos en el proceso de pasar de ser usuarios de un servicio esencial, beneficiarios de un derecho humano, a ser clientes de un servicio cuyo acceso está condicionado a la rentabilidad de la futura empresa privada. La misma puede actualizar las tarifas, si lo cree conveniente, todos los meses y expandir solamente zonas rentables del país», explicó.

«En la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero del sistema de salud es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares» María Eva Koutsovitis

-Hablan de que la empresa generaba pérdidas… 

-Eva: El entonces vocero presidencial, hoy Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio argumentos mentirosos respecto a la «considerable carga financiera» que representa AySA para el Tesoro Nacional. El año pasado hasta registró ganancias.

Es obvio que las obras de infraestructura requieren necesariamente de la erogación de fondos públicos. La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada. En la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero del sistema de salud es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares.

La ingeniera explicó que, con el DNU 493/2025 firmado por el presidente en julio, el Gobierno modificó el marco regulatorio del servicio de AySA y abrió el camino hacia su privatización, alterando las condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento para unos 15 millones de personas.

Según nos detalló Eva, las nuevas reglas permiten suspender el servicio por falta de pago incluso a usuarios residenciales, eliminan la obligación de ampliar la red hacia zonas sin cobertura -como los barrios populares-, habilitan aumentos tarifarios mensuales y flexibilizan los estándares de calidad del agua, medidas que, en su conjunto, se alejan del principio del agua como derecho humano y comprometen la salud de la población.

Los barrios populares, donde viven 5 millones de personas, tiene un 86% de su población sin acceso al agua potable y 97% sin acceso a cloacas dijo Koutsovitis

-¿Cuál es el impacto social, con datos, que genera la privatización de AySA?

-Eva: En Argentina unas 7 millones de personas no tienen agua potable y 20 millones no cuentan con saneamiento cloacal. Los barrios populares, donde viven 5 millones de personas, tiene un 86% de su población sin acceso al agua potable y 97% sin acceso a cloacas.

Esta es una de las mayores injusticias y desigualdades en términos territoriales. Porque cuando no se accede al agua crece la mortalidad infantil, se reduce la esperanza de vida, en un contexto donde las mujeres son las que dedican las tareas de cuidado sin remuneración.

En este marco se vuelve prioritario el avance de las obras de infraestructura bajo gestión estatal.

El intervencionismo de Mekorot en Argentina

Una de las estrategias de Israel para consolidar su presencia en Argentina es Mekorot, su empresa estatal de agua. La firma opera globalmente mediante Mekorot Development & Enterprise, Mekorot International y sus unidades de WaTech e Innovación.

Sus primeros movimientos en el país se remontan a los años ’90, bajo el gobierno de Menem -cuya familia hoy ocupa cargos jerárquicos con Milei-, con apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.

Silvia Ferreyra, activista

Entrevistamos a Silvia Ferreyra, activista de la campaña #FueraMekorot, quien definió a la empresa como “la expresión más agresiva y acelerada de cómo nos quieren estrujar no solo en Argentina sino en toda América Latina”.

Mientras los gobernadores lo camuflan como una herramienta de consultoría para “cuidar el agua”, Silvia dice que buscan “destruir todas las fuentes naturales con el uso intensivo que demanda el extractivismo minero, en desmedro de los derechos humanos de acceder al agua”.

En 2010, Daniel Scioli -entonces gobernador bonaerense y hoy funcionario del gobierno de Javier Milei- viajó a Israel para avanzar en acuerdos sobre plantas de Mekorot en Bahía Blanca, Ensenada y La Plata.

Solo uno de esos proyectos prosperó: los otros quedaron frenados por la presión social. Ya entonces la empresa impulsaba aumentos en tarifas de agua y acumulaba denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino.

En 2022, el Ministerio del Interior encabezado por Wado de Pedro organizó otra misión a Israel junto a gobernadores de diez provincias. Siete de ellas firmaron convenios para “diseñar políticas hídricas”.

Con Milei, se sumaron Jujuy, Neuquén y Chubut, tres territorios clave del extractivismo. Tanto el Presidente como Benjamín Netanyahu buscan profundizar los negocios bilaterales, aún en tensión con la soberanía, el ambiente y el consenso social.

«Desde noviembre de 2024 que Mekorot asesora al directorio de AySA. Esto, sumado a que casi la mitad de las provincias tienen convenios, nos preocupa» dijo Silvia Ferreyra, activista de la campaña #FueraMekorot

-¿Qué nombre tenemos que seguir de cerca en el vínculo de Argentina con Mekorot?

-Silvia: Diría que Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, es una figura clave. Estuvo presente en la comitiva que fue a Israel en 2022 y con todos los vínculos. Mendoza es la provincia donde más se extendió Mekorot. La empresa aprendió en esa provincia cómo tener injerencia en las demás provincias.

Mekorot viene merodeando a AySA hace muchos años, su formato siempre fue que los argentinos pagan muy poco por el servicio de agua y que quien no pueda pagarlo, se le corte el suministro. Una idea que entusiasma mucho al Gobierno.

«Desde noviembre de 2024 que Mekorot asesora al directorio de AySA. Esto, sumado a que casi la mitad de las provincias tienen convenios, nos preocupa. No pasa de este modo en ningún país de la región», dijo Silvia.

-¿Por qué pensás que pudiendo gestionar el agua se recurre a Mekorot?

-Silvia: Se conoce el rol de esta empresa en irrumpir sin escrúpulos, sin importar las poblaciones originarias de los territorios. No es fácil para el gobierno argentino avanzar en provincias sin consenso social.

¿Cómo se puede estrechar manos con quienes realizan un apartheid hídrico, con una empresa que construyó una arquitectura para el robo del agua superficial y acuífero de Palestina en beneficio de las comunidades de Israel y las colonias ilegales? Su lógica es cobrarle hasta cinco veces más caro a los que habitan los territorios de donde extraen el agua, los priva de su propia soberanía. Lo vemos con el ejemplo del Río Jordán que tiene toda su cuenca militarizada.

Mekorot actúa «en las sombras», no es tan visible su proceder como las otras transnacionales dijo Silvia Ferreyra

Es inadmisible que los gobernadores de Argentina acepten asesoramiento de Mekorot con este prontuario.

La campaña #FueraMekorot tiene como semillero el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina. Las asambleas populares, históricas, regadas a lo largo de Argentina son las que movilizan a cientos de miles de ciudadanos en defensa del agua.

Silvia comenta que Mekorot actúa «en las sombras», no es tan visible su proceder como las otras transnacionales. «Tiene poca gente trabajando en el territorio, articula con el Consejo Federal de Inversiones para operativizar sus gestiones y ni siquiera tienen publicidad en los medios.

El desafío más importante, entonces, es que circule la información de este intervencionismo silencioso».

Mekorot no cuida el agua desde una perspectiva de derechos humanos. Silvia expresó que es urgente «que los diferentes gobiernos anulen sus convenios firmados y que estemos alertas en cómo se va metiendo por completo en AySA».

Para proteger el agua se necesita participación social, ambiental y científica en cómo, cuándo, quién y para qué se utilizará.

No tenemos que obviar que en paralelo hay un sistema mediático, político y judicial construído que se dedica a criminalizar activistas defensores del agua.

Las asambleas locales, vecinos, militantes, comunidades indígenas sufren de represión y son estigmatizados por los propios medios mediante causas judiciales instaladas y financiadas por las empresas internacionales y que, además, tienen un importante acento ideológico como consecuencia del aval político nacional y de sus respectivos gobernadores.