2 de enero de 2026
El Decreto Supremo 5503 de #RodrigoPaz es abiertamente inconstitucional porque, a lo largo de más de cien artículos, usurpa funciones exclusivas de la Asamblea Legislativa al legislar por decreto en materia económica, fiscal, presupuestaria, financiera y sobre recursos estratégicos, violando de forma sistemática la jerarquía normativa establecida en el artículo 410 de la CPE.
Bajo el pretexto de la emergencia y la “inversión”, el DS concentra poder en el Órgano Ejecutivo, congela la potestad legislativa futura, compromete recursos públicos y reservas del Estado, habilita privilegios y exenciones sin ley, y debilita el control democrático, judicial y parlamentario.
Por su gravedad institucional, el DS 5503 no es un simple exceso reglamentario sino un golpe normativo contra la Constitución, una renuncia encubierta a la soberanía económica y una traición al Estado de Derecho que debe ser impugnada y anulada en su integridad.
En el marco del ordenamiento jurídico boliviano, la aprobación y aplicación del D.S. 5503 podría configurar responsabilidad penal, siempre que un tribunal competente pruebe dolo, abuso de poder y daño al Estado; no es automática, pero jurídicamente es viable. Los principales delitos imputables y sus posibles sanciones serían:
𝟭. 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘆𝗲𝘀 (art. 153 CP): emitir un decreto que vulnera de forma sistemática la CPE y la jerarquía normativa. Pena: 2 a 6 años de prisión e inhabilitación.
𝟮. 𝗜𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿𝗲𝘀 (art. 154 CP): omitir la obligación de respetar la reserva de ley y el control legislativo. Pena: 1 a 4 años de prisión.
𝟯. 𝗔𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 (art. 154 bis CP): ejercer funciones legislativas y presupuestarias sin competencia. Pena: 2 a 6 años de prisión.
𝟰. 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮 (art. 224 CP), si se prueba daño al patrimonio del Estado (exenciones, pérdida de recaudación, compromisos financieros): Pena: 1 a 6 años (hasta 10 si el daño es grave).
𝟱. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗹𝗲𝘀𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 (art. 221 CP), si los regímenes creados por decreto derivan en contratos perjudiciales: Pena: 3 a 8 años de prisión.
𝟲. 𝗨𝘀𝘂𝗿𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 (art. 163 CP), por sustituir al Órgano Legislativo: Pena: 1 a 4 años de prisión.
Si se demuestra que el D.S. 5503 fue dictado con conocimiento de su inconstitucionalidad y produjo daño económico, cesión de soberanía o restricción de controles democráticos, 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝗼 𝗣𝗮𝘇 𝗽𝗼𝗱𝗿𝛊́𝗮 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝟭𝟬 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻, 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗵𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗷𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀 𝘆 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.
Todo ello depende de investigación fiscal, control constitucional y sentencia ejecutoriada, conforme al debido proceso.
Por Rubens Salazar



