Víctimas y juristas advierten inseguridad jurídica ante la revisión de un segundo recurso presentado por Jeanine Áñez
30 de septiembre de 2025
La intención de revisar un segundo recurso presentado por Jeanine Áñez para la revisión extraordinaria de sentencia de 10 años por el caso denominado Golpe de Estado II, generó preocupación en sectores vinculados con las víctimas y en el ámbito jurídico.
Representantes legales y defensores de derechos humanos señalaron que esta acción carece de sustento legal y podría abrir la puerta a una inseguridad jurídica en el país.
El abogado Jorge Nina, representante de la exdiputada Lidia Patty —parte acusadora en el proceso contra Áñez—, afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya se pronunció sobre un primer recurso de revisión extraordinaria de sentencia, declarando su inadmisibilidad mediante el Auto Supremo 173/2025.
“Durante la tramitación de un proceso existe fases donde se puede apelar: recurso de apelación restringida, casación y por último el recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Y cuando te deniegan adquiere calidad de cosa juzgada formal y material.¿Qué es lo que corresponde? Cumplir la condena. En el siguiente ejercicio que plantea la defensa de Áñez ¿dónde estaríamos? En una inseguridad jurídica”, explicó Nina en contacto con los medios.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Romer Saucedo confirmó que el nuevo recurso interpuesto por la defensa de Áñez está en etapa de evaluación preliminar.
“Se ha sorteado a una magistrada para revisar si cumple o no con los requisitos de admisibilidad”, indicó Saucedo el pasado lunes. Sin embargo, recordó que un primer intento fue rechazado el pasado 17 de septiembre, al no subsanarse observaciones legales planteadas por el Tribunal.
En ese marco, Nina cuestionó además la actitud de la defensa de Áñez por insistir en un segundo recurso, y advirtió que aceptar esta vía sentaría un precedente riesgoso.
“¿Dónde estaríamos si todos los internos del país pidieran revisión extraordinaria tras un fallo firme? Estaríamos generando inseguridad jurídica”, alertó.
Asimismo, Nina manifestó su preocupación por lo que considera declaraciones inusuales desde el Órgano Judicial.
“Me alarma cómo pueden hablar con tanta seguridad de un fallo en semanas o días.¿Acaso no estaríamos ante la probable comisión de un consorcio?”, cuestionó.
El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, explicó que existen tres requisitos jurídicos para que una revisión extraordinaria de sentencia pueda proceder: la demostración de que el hecho imputado no constituye delito; la plena inocencia del condenado; y la existencia de jurisprudencia similar en la que se haya eximido de culpa a otro procesado.
“El único argumento que ella maneja es que ha sido procesada en su condición de presidenta, pero su juicio fue iniciado en su condición de senadora del bloque minoritario de demócratas. Entonces, en ese sentido, ella ha incumplido leyes, reglamentos y la misma Constitución”, explicó Inca al diario Ahora El Pueblo. Añadió que la acusación contra Áñez se refiere a incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Áñez fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tras ser declarada responsable de una irregular asunción a la presidencia en noviembre de 2019, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
El caso Golpe II aborda específicamente su actuación como senadora y su autoproclamación como presidenta sin seguir los procedimientos establecidos por la Constitución.
