Policía desarticula una red de narcotráfico y sicariato con nexos en Fuerzas Armadas y Policía en Beni

23 de septiembre de 2025
Una red criminal boliviano-brasileña, dedicada al narcotráfico y al sicariato, fue desarticulada parcialmente. La investigación se inició tras el asesinato de Edgar Dorado Menacho, alias «El Jefe», en Santa Ana de Yacuma el 27 de julio, y ha revelado vínculos con miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
“Se está investigando a través de peritajes técnicos, detención de colaboradores y seguimiento de estructuras criminales. Se ha logrado develar una importante cooperación de tres miembros de las Fuerzas Armadas y Policía”, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
El asesinato de Dorado se perpetró a plena luz del día, con una camioneta blanca y un vehículo Jeep.
“Los ejecutores materiales descendieron de estos vehículos. Uno de ellos fue detenido en las últimas horas, lo que permitió establecer una vinculación de carácter material”, explicó Aguilera en entrevista con Bolivia TV.
Los uniformados capturados son José A. Q., Gilmar C. y Ovidio P. B. Según las investigaciones, la red no solo tenía protección interna, sino también un «colchón logístico» para proveer armas y municiones.
“Se establece una estructura brasilero-boliviana que se encargó del sicariato y de esta ejecución (Dorado). Si bien faltan otros ejecutores materiales de este hecho, se logra revelar una estructura que permite establecer que estas tres personas hubieran podido actuar en protección activa, en filtración de información, inclusive en participación directa”, precisó.
En el marco de la misma operación, se busca a Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias “Coco Vásquez”, señalado como operador de rutas del narcotraficante Sebastián Marset.
Los tres uniformados fueron trasladados a Trinidad, donde se espera su declaración ante una comisión fiscal.
«La carga probatoria ha sido aportada al Ministerio Público, que ha dispuesto su detención», concluyó Aguilera, quien advirtió que los acusados podrían enfrentar cargos por tráfico de armas, según la Ley 400.