Libre: 7 propuestas para privatizar Bolivia
El programa de gobierno del partido LIBRE ¿Libertad y democracia?, a la cabeza de Jorge Tuto Quiroga presenta un documento decorado de valores burgueses, caracterizados por abstracciones de tipo: “progreso, justicia, seguridad y libertad”. Además, este partido aclara que no son “ni de izquierda, ni de derecha”, es decir, que son de derecha, pero que no quieren perder los votos de una mayoría electoral desorientada y sin conciencia de clase, a quienes esta aparente neutralidad puede encandilar. En concreto, plantean 7 propuestas para “salvar” Bolivia, pero como veremos a continuación, este partido entiende la salvación como sinónimo de privatización.

1 de agosto de 2025
1. Salvar la economía
En general, el plan de LIBRE es acceder a préstamos no solamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sino también de instituciones como el Fondo Latinoamericano de Reservas. En general esto resultará en políticas de austeridad y una crisis pagada por la clase trabajadora y los sectores populares.
Además, se plantea entregar estos dólares a un nuevo tipo de cambio. Este cambio será ajustado de acuerdo al “bolsín internacional”, una propuesta que se presenta como la solución a la escasez de divisas, pero en realidad lo que implica una fluctuación continua del tipo de cambio de dólares a bolivianos. En consecuencia, esta medida impone una continuidad de la devaluación del boliviano como moneda nacional licuando los salarios, es decir, el poder adquisitivo del salario se reduce.
Otra propuesta es la reducción del Estado, que implica el cierre de ministerios y la adquisición de empresas estatales a manos de capitales privados. Para lo segundo plantean la creación de un “hospital de empresas”, cuyo propósito es “buscar soluciones para empresas, emprendimientos que están enfrentando problemas”. En otras palabras, es una subasta para traspasar a precio de gallina muerta las empresas pequeñas a manos de los grandes capitales. Se trata entonces de un proceso de monopolización, concentración y centralización.
Focalizar el subsidio a los combustibles: el programa menciona mantener el subsidio para el transporte público, pero no menciona nada de quitárselo al sector del agro, que requiere gran porcentaje de abastecimiento para la operación de sus máquinas.
Bajo el discurso de atraer las inversiones, se plantea darle luz verde a la entrada de empresas extranjeras y eliminar “obstáculos” como el doble impuesto a la inversión extranjera. Por ejemplo, La Comunidad Andina de Naciones ya fue un primer convenio para eliminar doble impuestos, de hecho con España, Reino Unido, Suecia, y otros países tenemos estos acuerdos. Sin embargo, lo que no menciona este programa es que existen varios convenios que permiten eliminar esta doble tributación. Por lo tanto, el sector privado en los hechos no enfrenta «obstáculos». Con Tuto esto será potenciando ya que lo que busca es dar luz verde a iniciativas transnacionales para descuartizar la economía nacional.
2. Reactivar la producción
El programa no propone nada nuevo. Básicamente se busca perpetuar a Bolivia en una economía extractivista–primario exportadora, donde se exploten los recursos naturales, sin intenciones de una industrialización en que diversifique la producción económica del país. Este modelo económico extractivista, será además y por supuesto, un modelo privatizador.
Para “resucitar el gas”, proponen quitar la subvención, liberar la importación de combustibles e “incentivar la producción de biocombustibles”. En conjunto estas medidas benefician al sector privado empresarial, y provocaría una subida descontrolada de los precios de los combustibles y en general de los precios de todo lo demás, sin considerar los efectos ambientales que implica la producción de biocombustibles.
El “desarrollo del agro y de los bosques” encierra una contradicción tajante. Al mismo tiempo que se hace evidente la alianza con el agro-empresariado, alianza que implica un recrudecimiento de los procesos de deforestación agresiva, se propone emitir bonos de carbono y bonos verdes, que se aplicarán a territorios indígena-originarios De manera concreta: los bonos de carbono son “compensaciones” por las toneladas de CO2 u otros gases de efecto invernadero que se implementan en energías renovables o reforestación. Ah, pero la agroindustria cruceña anula cualquier intento de reparar este daño ambiental, provocando aún más daño.
Para el litio, se propone su industrialización con capitales extranjeros . Esto no es una novedad, ya que cualquier iniciativa que se proponga explotar el litio dependerá de capitales privados y foráneos. Sin embargo, la discusión está en las condiciones que imponen los contratos de esta explotación. El programa de LIBRE no menciona exactamente con quiénes se hará este negociado, pero tomando en cuenta la conocida relación de Tuto con EEUU, tampoco queda lugar a dudas sobre la injerencia de este país en la economía boliviana. Cabe recordar las declaraciones de Laura Richardson, jefa del comando sur de Estados Unidos, sobre el interés estratégico que representa el Triángulo del Litio para el imperialismo.
Acá tampoco se contemplan los costos ambientales que la extracción de este metal traerá consigo. Para extraer una tonelada de litio se requieren 2 mil litros de agua. Las comunidades aledañas al salar de Uyuni enfrentan una crisis para obtener este líquido vital y destinar tanta agua para la extracción es un despilfarro.
El turismo es un área que se pretende desarrollar mediante el impulso de una “política de cielos abiertos”, que idealmente facilita el ingreso al país, pero que en la práctica implicaría un deterioro de la soberanía del Estado y de la seguridad nacional, ya que cualquier avión podría entrar y salir de Bolivia. Lo más polémico en este punto es la anulación del requisito de visas para turistas provenientes de Estados Unidos e Israel. Eso con miras a simpatizar con sionistas. El mismo documento hace referencia a esto cuando menciona las dificultades que tuvieron unos turistas israelíes para entrar a Rurrenabaque.
3. Propiedad popular
La propuesta acá es otorgar acciones de las empresas nacionales a cada ciudadano. LIBRE estima que al principio cada acción tendrá un valor alrededor de 1500$, a través de títulos de valor “intransferibles, embargables y heredables”. Todo bonito, pero ¿De qué empresas nacionales estamos hablando realmente, si el plan general es darle rienda suelta a un proceso de privatización del país?
Estas acciones, llamadas Propiedad Popular (PP) no se podrán vender al principio, pero luego se establecerá un límite de 1000 acciones para cualquier persona. En caso de que esto se cumpla, podría dar lugar a dinámicas de acumulación de capitales que profundizarían la desigualdad. La propiedad popular no se da cuando los ciudadanos son accionistas, sino cuando existe una expropiación de los medios de producción a la empresa privada y los capitales extranjeros. Esto es en esencia el proyecto de la capitalización del Goni. No es solo transferir las acciones sino quien representa y cómo se maneja la empresa estratégica. 11 millones de bolivianos no estaremos en el consejo directivo. Es una forma de deslindar al Estado del manejo de esta empresas.
4. Bolivia digital
El proyecto de centralizar los trámites “desde citas médicas hasta inscripción en colegios” a través de una ventanilla digital, ignora las diferencias económicas y de infraestructura en el país. Antes de pensar en digitalizar los procesos, es necesario generar una cobertura de internet a un nivel efectivamente nacional. Antes de pensar en reservar citas médicas, es importante pensar en qué haría este gobierno con el seguro médico universal: eliminarlo.
Una “Bolivia digital” tiene sesgos de clase muy evidentes, donde se ignoran los diferenciales de familiaridad con las tecnologías de comunicación. Esta propuesta está pensada excesivamente desde las ciudades y espacios urbanos. Más allá de combatir la burocracia, se propone digitalizarla. Lo que supone una ampliación de las brechas digitales y dificultad en el acceso a tecnología para los sectores populares. Además, esta “optimización” de los trámites esconde la necesidad de efectuar despidos mediante la reducción del Estado. Una Bolivia digital desde el programa de Tuto significa una Bolivia con mayor desempleo.
5. Democracia, autonomía, justicia y seguridad
Esta es una continuación de los valores burgueses, con pretensiones universalistas, atemporales y, sobre todo, abstractas. Ideas como “Nosotros partimos de la igualdad de los seres humanos con absoluto respeto de las diferencias en un marco de tolerancia”, hacen evidente esta retórica vacía. Las ideas de justicia parten del mito de que “todos somos iguales ante la ley”, como si las facilidades económicas no comprasen derechos para las élites.
Esta es la sección más pobremente escrita y no es posible tener una idea clara de lo que quieren proponer cuando hay pasajes como: “Las víctimas por hechos delictivos han visto cerradas las puertas que realizan, solo para que de esa forma no suban las cifras oficiales y así, mentir al resto de la gente.” (Página 41)
Más adelante, mencionan algo peculiar sobre la diversidad cultural:
“Brindar seguridad implica tomar en cuenta la pluralidad y el pluralismo económico y cultural que existe en Bolivia, porque ligado a ello se encuentran las manifestaciones delictivas” (Página 43, subrayado nuestro). Lo que dejan entender con este razonamiento es que existe un prejuicio que intenta correlacionar la adscripción de una identidad indígena y de clase trabajadora a la delincuencia.
Más allá de la “tolerancia” o “comprensión” que nos pedirán que tengamos, estos “deslices” en la redacción revelan los intereses de clase de este programa, además de evidenciar sesgos históricos, y que racializan a los pueblos indígenas originarios.
Pero además seguridad para Tuto y su programa significa el retorno de la DEA al país y por lo tanto una abierta subordinación al imperialismo yanqui. Sabemos que esto lejos de una «lucha contra el narcotráfico» significa un fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado que buscará avanzar en la criminalización de los sectores populares, campesinos e indígenas.
6. Política social
En las políticas sociales, no hay nada novedoso. LIBRE propone la coordinación con instituciones religiosas para el apoyo en la solución de conflictos. Existe una concepción pasiva de las mujeres, que se reducen a sujetos “beneficiarios” de las políticas de asistencia social, pero no se propone un rol activo para ellas. No hay ninguna discusión sobre los derechos reproductivos y sexuales.
A nombre de política social, se plantea un proyecto profundamente conservador y reaccionario que refuerza las instituciones punitivas. Estas omisiones sobre la discusión del aborto, el énfasis en las autoridades religiosas como mediadoras de los conflictos y la búsqueda de fortalecer la familia tradicional, evidencian una postura anti derechos, en la que buscan imponer una lógica patriarcal, patronal y neoliberal.
7. Reinserción internacional
La preocupación principal de LIBRE es cambiar la imagen de Bolivia como “país corrupto, de narcotráfico y de autoritarismo”. Sin embargo, no mencionan que el programa tiene tratados con la agroindustria que traerán más corrupción, más incendios y en general una precarización de la vida. Las declaraciones de Tuto en el foro de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) demuestran que planea gobernar de acuerdo a los intereses del poder agroindustrial. Episodios como la adjudicación de Branko Marinkovic (representante de este sector), que durante el gobierno de facto de Añez se adjudicó 30000 hectáreas de tierra, son muy probables de repetirse con el proyecto extractivista de LIBRE.
En realidad, estas políticas generarán una reinserción internacional en términos de una nueva migración forzosa de quienes no encuentren condiciones para continuar una vida encarecida en Bolivia. Por otra parte, los préstamos que se proponen tendrán como resultado una mayor injerencia estadounidense en la vida política boliviana, además de un alineamiento con los gobiernos neoliberales en nuestra región. El precio a pagar por esta “reinserción internacional” es la profundización de la crisis para la clase trabajadora y el incremento de los abusos contra el ambiente y la naturaleza.
En resumen, ningún plan de gobierno, menos como el que plantea LIBRE, es una receta mágica para solucionar las crisis estructurales de un país. Más allá de qué partido y qué político trasnochado obtenga mayor votación, todos los programas coinciden en que se vienen políticas de reajuste económico, reducción del estado y precarización directa para los sectores populares. Enfatizan en una lógica de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas, donde la clase dominante procura que la clase trabajadora pague la crisis.
Desde La Izquierda Diario Bolivia llamamos a la organización de las y los trabajadores de base para discutir un plan de lucha no solo para defenderlas conquistas laborales y sociales que se ha conseguido históricamente desde la lucha de la clase trabajadora y popular sino para que esta vez la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
Por Cae Santivañez