Seguridad
Asamblea Legislativa deja de lado su conflicto interno para viabilizar dos normas a favor de la niñez
En lo que va de septiembre, la Asamblea Legislativa de Bolivia dejó de lado sus enfrentamientos internos para viabilizar dos normativas que benefician a niñas, niños y adolescentes. Una de ellas llena un hueco legislativo en torno a las nuevas tecnologías. La segunda prohíbe el matrimonio infantil.
23 de septiembre de 2025
Luego de dos años de enfrentamientos internos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, cuyo objetivo es defender los derechos de dicho sector poblacional ante los riesgos que entrañan las plataformas digitales.
La Asamblea Legislativa Plurinacional también acordó viabilizar otra normativa que prohíbe el matrimonio a los menores de 18 años. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, hay registros de casamientos de niñas de hasta 12 años.
A semanas de la finalización de su mandato, senadores y diputados acordaron subsanar un vacío legal, emergente del creciente uso de las redes sociales, a las cuales están indefectiblemente expuestos miles de menores de edad, constantemente en la mira de abusadores y depredadores sexuales.
La segunda ley viene a cuestionar un hecho que todavía avala parte de la población boliviana: el casamiento de niñas con hombres mayores. Se calcula que en la última década se permitieron al menos 5.000 uniones de este tipo, según datos oficiales.
Nuevos delitos online
El pasado 10 de septiembre, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, que contempla cinco nuevas figuras penales para enfrentar el crimen digital contra menores.
Según Arce, «esta ley, propuesta por la Fiscalía General del Estado, aprobada en consenso y por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, crea un marco regulatorio sólido para identificar, investigar y sancionar a quienes cometan delitos en contra de la integridad sexual de nuestros menores en cualquier plataforma digital o medio de comunicación».
De acuerdo a un comunicado de la Cámara de Diputados, «el proyecto establece una sanción de 10 a 15 años de privación de libertad para quienes distribuyan, vendan, arrienden, intercambien o comercialicen contenido digital que represente las partes íntimas de menores de edad o exhiba corporalidades con fines sexuales o económicos«.
Asimismo, «dispone de cuatro a ocho años de cárcel para las personas que contacten a menores de edad mediante medios electrónicos con fines sexuales o eróticos, mediante el envío de mensajes, imágenes, videos u otros contenidos de carácter inapropiado». Se trata de delitos que hasta el momento no estaban contemplados por la legislación boliviana.
Un vacío de impunidad
Realidades es una de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que impulsó la aprobación de esta normativa. La directora de esta institución, Tahí Abrego, dijo a Sputnik: «Esta ley es histórica, porque en Bolivia no teníamos una normativa específica relacionada a la violencia sexual digital y que además definiera tipos penales específicos para contribuir a la sanción de casos que hasta ahora quedaban impunes».
Abrego destacó que «las violencias que se presentan en el ámbito digital son las mismas que se reproducen en el ámbito físico«.
Y agregó: «Al ampliar los tipos penales, se da oportunidad a que las víctimas puedan ser atendidas de la mejor forma, que antes no lograban contar con una atención adecuada porque en el sistema de justicia no sabían cómo tipificar estos delitos, así terminaban por no atenderlos directamente».
Además de Realidades, otras organizaciones involucradas en esta aprobación son Save The Children, Internet Bolivia y Child Fund.
El fin del matrimonio infantil
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el Estado registró más de 5.000 matrimonios con al menos uno de sus integrantes menor de 18 años entre 2014 y 2023. De esta cifra, 4.804 enlaces incluyeron a adolescentes de 16 a 17 y 487 casamientos involucraron a niñas de 12 y 15 años, aunque la ley (la antigua) no lo permitía.
La Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia es una de las instituciones que impulsó la aprobación de esta normativa. Mónica Bayá, de esta organización, dijo a Sputnik que de esta manera «Bolivia compatibiliza su legislación con estándares internacionales, según los cuales la edad mínima para casarse es de 18 años, sin ningún tipo de excepción».
Bayá resaltó que, más allá de la ley, queda un trabajo pendiente de concientización en la población, sobre la importancia de respetar los derechos de las infancias a tener un desarrollo sano, sin imposiciones culturales de ningún tipo.
«En la Asamblea hemos escuchado algunas posiciones desafortunadas de varios asambleístas, con argumentos que realmente no coinciden con el deber que tienen de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país», comentó.
Y resaltó que en las uniones que incluyen a menores de edad, «en el 93% de los casos son adolescentes mujeres«.
La nueva ley viene a modificar el Código de Familia, que establece la edad mínima de matrimonio a los 18 años. El problema está en las excepciones que contempla: con el permiso de los padres o tutores, está permitido el matrimonio para personas de 16 y 17 años.
Pero esta excepción da lugar a variar la edad mínima permitida, de modo que ante el Estado boliviano hay registrados matrimonios con niñas de 12 años, como develó la Defensoría.
En este sentido, se volvió paradigmático el caso del expresidente Evo Morales (2006-2019), procesado por el delito de trata agravada de personas, ya que habría tenido una relación con una menor de edad, fruto de la cual habrían tenido una hija en 2016.
«En este caso, hubo declaraciones en el sentido de: ‘¿Qué pasa si la víctima no se siente víctima?’. Pero ese no es el punto importante. Se debe reconocer que hay una relación de poder desigual con una menor de edad, que es altamente vulnerable ante un adulto que sabe perfectamente lo que está haciendo», explicó Bayá.
Por Sebastián Ochoa
