Argentina: del lawfare a la neocolonia fascista

30 de septiembre de 2025

En los últimos meses en nuestra región el rol del poder judicial ha sido protagónico: desde el lawfare orquestado contra la expresidenta de Argentina hasta las históricas condenas contra expresidentes de la extrema derecha regional, como Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, vale la pena aclarar que, muy por el contrario de lo que intenta instalar la prensa hegemónica sobre la similitud de los casos de lawfare con los de justicia por delitos comprobados, ambos responden a naturalezas muy diferentes. Para comprender mejor el lawfare como estrategia del imperialismo en Nuestra América, pedimos a Claudia Rocca de la Asociación Americana de Juristas una contribución a este debate:

«El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, que responde a intereses económicos, políticos y geopolíticos. Involucra a jueces, fiscales, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, funcionarios de embajadas y agentes de inteligencia, tanto locales como extranjeros.

Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos construidos sin respetar el debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de los medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenazas a familiares, obligando a situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos.

En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra decenas de líderes políticos y/o exfuncionarios/as de gobiernos en Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú y El Salvador, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.

Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se coloca por encima del poder legislativo y del ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, quienes se involucran en operaciones políticas, desencadenando la  pérdida de equilibrio entre poderes, permitiendo una creciente “juristocracia” y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. Este proceso histórico de reposicionamiento del poder judicial por sobre los demás, es característico del neoconstitucionalismo, orden jurídico predominante en buena parte de Europa y América Latina en las últimas décadas.

El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos judiciales, se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la criminalización de sectores o líderes y lideresas políticos. Se suman voces de “especialistas”, muchas provenientes de “centros de pensamiento de expertos” de EE. UU., a quienes se les atribuye una pretendida  “fuerza de verdad”  en los principales medios y redes sociales.

Es llamativo el rol que juegan agencias del gobierno estadounidense como la USAID y otras, así como intereses del sector privado estadounidense: ambos están involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales.

Pero este mecanismo no se agota en los ámbitos internos de los países. Para aquellas naciones en las cuales el nuevo poder económico occidental no ha logrado horadar los procesos políticos nacionales y soberanos, aplican las mismas recetas utilizando el sistema internacional de flujo de divisas, los aranceles y rutas comerciales, los sistemas de prevención de lavado de dinero, los sistemas de control migratorio, con vías de sanciones y medidas coercitivas unilaterales, con cargos y acusaciones, solo basadas en decisiones de oficinas administrativas y, por tanto, son meras decisiones políticas de la administración estadounidense.

Varias publicaciones del ámbito militar consideran que el lawfare es uno de los componentes de nuevas guerras “no convencionales”, como la guerra híbrida. Guerra que puede ser ejercida por actores estatales o no estatales, que actúan con todas las modalidades del espectro de este tipo de guerra, considerando las capacidades militares convencionales, tácticas y unidades de combate no convencionales, u otras acciones terroristas, planificación del caos mediante hechos de violencia, ciberguerra, guerra financiera o mediática.

Bastará invocar lo “no legal” de las leyes/normas de otros Estados, que no se apegan al canon occidental, para que sean catalogadas como violentas (“amenaza inusual y extraordinaria”), pretendiendo legitimar así ataques que hoy cobran dimensiones múltiples.

Si bien, como hemos dicho, el lawfare constituye una herramienta utilizada desde el Estado, el gobierno o desde minorías privilegiadas a nivel local, también lo es a nivel transnacional, implementada desde el norte global.

Para las naciones que se someten, este es el núcleo de las relaciones coloniales y de dependencia exacerbadas con la expansión del capitalismo.  En el marco de esta desigual relación, EE. UU. y sus aliados reorganizan el escenario a favor de los intereses de una red transnacional de poder, creando una suerte de “orden jurídico legítimo”; y definen el alcance de su jurisdicción, desconociendo la soberanía de los estados más débiles que no tienen capacidad de imponer su ley por la fuerza o de ejercer resistencia.

La jurisdicción no es simplemente una regla, sino que determina qué reglas se aplicarán, dónde, cómo y quiénes lo harán. Allí radica el poder de sometimiento del centro de poder occidental sobre nuestros países latinoamericanos, vehiculizado a través del lawfare.

La instalación de esta “juristocracia” ha tenido como consecuencia la judicialización de la gran política y de la democracia, pues al deslegitimar y neutralizar a lideresas y líderes políticos incómodos para ciertos intereses económicos y geopolíticos no solo afectaron a las y los individuos directamente implicados, sino que socavaron las bases democráticas de los Estados afectados, comprometiendo su capacidad de autodeterminación y promoviendo la subordinación a agendas externas.

El caso argentino

La persecución judicial de los líderes y las lideresas políticos y sociales en la Argentina viene desarrollándose desde el final de la última gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, momento en el que comienzan a tomar protagonismo personajes que desfilaban por los medios de comunicación, denunciando la supuesta corrupción de las y los funcionarios kirchneristas, sin argumentos probatorios, pero con una gran espectacularidad e impacto que les brindaban los medios de comunicación masivos. Los ataques tenían especial epicentro en la figura de la primera mandataria, e incluso llegaron a instalar la idea de que ella era la autora intelectual de la muerte del fiscal Nisman, a pesar de que toda la prueba recabada en la investigación dio cuenta que se trató de un suicidio.

El fuero penal federal, junto con otros altos funcionarios del Poder Judicial, se convirtió en el principal partido de oposición. Este proceso fue determinante para el triunfo de Mauricio Macri, cuya gestión sumió al país en un proceso de desindustrialización, concentración de riquezas a través de la especulación financiera, entrega de recursos estratégicos, debilitamiento de la capacidad del Estado, mientras se multiplicaban las causas que criminalizaron al kirchnerismo en particular, y a las y los líderes sociales del campo popular en general. Milagro Sala es el ejemplo más paradigmático.  En la última parte de su mandato, Macri contrajo en tiempo récord un endeudamiento formidable.  Los casi 50.000 millones de dólares otorgados por el FMI en forma absolutamente irregular son parte del monto que se fugó del país a posteriori.

Fruto de la evidente inviabilidad de dicho programa de gobierno y del deterioro social y económico causado, en el 2019 el peronismo ganó las elecciones presidenciales. Pero, claramente, no obtuvo el poder. El lawfare no cedió ni un ápice.

Una de las causas emblemáticas es sin duda la llamada causa “Vialidad”, en la que se condenó a 6 años de prisión a  Cristina Fernández de Kirchner por la comisión del delito de administración fraudulenta.  En el marco de dicho proceso se han violado las garantías de defensa en juicio, emanadas del artículo 380 del Código Procesal Penal de la Nación, con base en el artículo 18 de la Constitución Nacional y reforzado por los tratados componentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; se han violentado el elenco de reglas sobre la conducta judicial conocido como Principios de Bangalore (adoptado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su Resolución E/CN.4/2003/65/Anexo de noviembre de 2002, aprobado formalmente el 10 de enero de 2003), atento la pública y notoria falta de imparcialidad del sentenciante y sus evidenciados vínculos con la fiscalía. En la arbitrariedad judicial manifestada en los procedimientos seguidos contra la vicepresidenta se observan los mismos patrones persecutorios que en las proscripciones políticas de los demás líderes latinoamericanos, y ello se aprecia claramente a partir de una sentencia que en nada se relaciona con la prueba producida en el expediente, donde no ha sido incorporado ningún elemento que acrediten las conductas que se le atribuyen a la exmandataria.

Luego de una confirmación por parte de la Cámara de Casación —que no atendió a ninguno de los argumentos antes señalados—, en solo dos meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena —mientras las demás causas aguardan años e incluso décadas—. Con el ya habitual anuncio previo y preciso de los medios, el inconstitucional fallo logró el propósito acuñado desde el inicio: la proscripción de Cristina.

Podemos afirmar que el lawfare fue un factor central en el acceso al gobierno de Javier Milei, personaje con características siniestras, impulsado y sostenido por tres centros de poder económico: el financiero especulativo y de inversión en recursos estratégicos (como la JP Morgan, BlackRock, y otros), los grupos denominados “señores tecnofeudales” —amos de la las redes— y los medios de comunicación.

A partir de su asunción, Milei  llevó adelante un proceso de desmantelamiento del Estado; vaciamiento de las políticas públicas para el desarrollo, de derechos humanos, de inclusión, de género y diversidad, en el marco de un proceso de devastación económica;  el despliegue de medidas represivas con la expansión de las fuerzas y órganos de seguridad, destinado a acallar la protesta social ante el vaciamiento de un sistema estatal para la efectiva protección de los derechos económicos sociales y culturales; y el empobrecimiento brutal de la población.

Se produjeron despidos masivos, mientras se privatizan empresas, recursos estratégicos y otros bienes públicos. El intento de suprimir los derechos laborales, combinado con la persecución a las organizaciones sindicales, sociales y de economía popular —denuncias penales, quita de los alimentos y otras prestaciones garantizadas por programas sociales que fueron abruptamente descontinuados— dan cuenta de un proyecto político de acumulación en favor de los sectores concentrados de la economía y la especulación financiera. En el marco de un proceso inflacionario, por la desregulación de los factores económicos esenciales como servicios, prestaciones y precios en general, se produjo una abrupta pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de la desocupación y la pobreza.

En 2024, las pequeñas y medianas empresas contabilizaron una pérdida de más de 217.000 puestos de trabajo y el cierre de 9.923 empresas, según informó Industriales Pymes Argentinos (IPA). Los sectores más afectados fueron la construcción y la industria, con 69.738 y 25.186 puestos menos, respectivamente. En el sector público, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se eliminaron más de 180.000 puestos de trabajo. Se produjo un aumento del trabajo informal y condiciones laborales de semi-esclavitud.

La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, producto del cambio en la política económica implementada por el actual gobierno, representó la mayor caída mensual de los últimos 30 años (8,4 por ciento interanual en el poder adquisitivo).

Hubo una contracción del consumo de mayor magnitud tanto en las ventas de supermercados y autoservicios, como en comercios minoristas de distintos rubros. En el 2025, la inflación está cediendo, solo fruto de una recesión económica y deterioro de todos los factores, sin precedentes. Las consecuencias en términos humanos son hoy evidentes y alarmantes.

Este acelerado proceso de devastación fue acompañado de una práctica y retórica fascista, trasuntando desprecio por la condición humana, una concepción supremacista, patriarcal y el más servil e indigno sometimiento a los intereses de Estados Unidos y al gobierno genocida sionista de Israel, vociferado por el presidente argentino.

A modo de conclusión, podríamos ensayar a estas alturas una definición del fascismo en el siglo XXI como una práctica social que se manifiesta a través de movimientos políticos, impulsados por el nuevo poder económico imperante en Occidente, que utilizan el odio y la polarización como estrategias para socavar la democracia liberal, romper con el orden social y el Estado de derecho. Instalan así regímenes autoritarios y nepotismo, con programas económicos que propician acelerados procesos de concentración de riquezas, en beneficio de los grupos transnacionales a los que responden y favoreciendo la especulación financiera. Sus consecuencias son la destrucción de las organizaciones sociales, la exclusión de grandes mayorías, la devastación económica y la represión como método de control social.

El ejemplo argentino —como tantos otros— nos demuestra que la sumisión al actual poder económico occidental representado por Estados Unidos solo trae consecuencias infinitamente más trágicas que el costo de resistirlo. No solo no hay ningún beneficio ni misericordia: nos deja sin horizonte y sin futuro.  Por ello, ceder o someterse no es opción para un pueblo soberano».

Por Claudia Rocca, es presidenta de la rama argentina y vicepresidenta segunda continental de la Asociación Americana de Juristas, abogada, profesora universitaria especialista en Derecho Público y en Derecho Económico.